El Gobierno denunció penalmente a Oscar Laborde, el exembajador en Venezuela, por su intervención en el caso de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido por la administración de Nicolás Maduro.
La presentación corrió por cuenta del Ministerio de Seguridad de la Nación que, a través del director Nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto, lo acusó este jueves de "traición a la Patria", y lo responsabilizó de "ser un colaborador de Maduro" y realizar acciones que van en contra de gestiones diplomáticas para lograr la liberación de Gallo.
"Mientras la Cancillería intenta lograr la liberación de Nahuel Agustín Gallo por vía diplomática a través de las misiones internacionales pertinentes, el ex embajador de la República Argentina ante la República Bolivariana de Venezuela Oscar Alberto Laborde inició sin ningún tipo de autorización oficial, gestiones internacionales contactando a la familia del Gendarme en Argentina, a fin de entregarle 'una carta', con la colaboración del Gobierno de Venezuela", señalaron desde la cartera que lidera Patricia Bullrich.
El cabo primero de Gendarmería Nacional, perteneciente al Escuadrón 27 "Uspallata", correspondiente a la Agrupación XI "Mendoza", fue detenido el 8 de diciembre a las 11 en su ingreso a Venezuela.
En su visita, Gallo buscaba reencontrarse con su hijo Víctor, de dos años, y su esposa, Marai Alexandra Gómez García, que residen en Venezuela desde hace siete meses para colaborar con un problema de salud de su madre. Para abaratar costos, Gallo se trasladó de Chile a Bogotá y después a la frontera, en un remis.
Tras cumplir con los trámites legales necesarios, el gendarme fue detenido por las autoridades de migraciones en la frontera entre Venezuela y Colombia, acusado por la administración bolivariana de ser un espía enviado por el Gobierno argentino en plena tensión entre Maduro y el presidente Javier Milei.
Ante la ausencia de información sobre la situación del detenido, la Gendarmería presentó un habeas corpus en la provincia de Mendoza para que se declare la desaparición forzada de persona, en violación de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En primera instancia, un juez federal rechazó la acción, pero la Cámara Federal de Mendoza revocó esta decisión y exhortó a las autoridades venezolanas a que informen el paradero, los motivos de la detención del gendarme, y la identidad del juez responsable del proceso judicial.
Además, exigió la garantía de un abogado que represente a Gallo y la posibilidad de contactarse con sus familiares. Para eso, pidieron presentar al detenido de forma física o telemática ante la Cancillería argentina para asesoramiento legal.
En la denuncia presentada aseguran que el exdiplomático habría establecido comunicación con la familia de Gallo y le habría hecho llegar una carta al gendarme, en coordinación con las autoridades chavistas.
Para el Poder Ejecutivo, el obrar no corresponde a cuestión humanitaria sino que "lejos de defender los derechos humanos del gendarme desaparecido, lo que hace es superponerse indebidamente a la gestión diplomática internacional de la República Argentina, a fin de justificar la abiertamente criminal conducta de las autoridades venezolanas".
Según argumentan, el proceder de Laborde ayudó a "sostener la justificación de la desaparición forzada de un nacional argentino, arrogándose facultades diplomáticas que solo pueden ejercer los representantes de la Cancillería Argentina".
"La información que se tiene del denunciado Laborde lo acerca a ser un colaborador del régimen de Maduro", subrayo Fernando Soto en su escrito al tiempo que negó cualquier solicitud y autorización para prestar colaboración.
De esta forma considera que "su obrar solo tiene por objeto colaborar con el régimen que detuvo ilegalmente al Gendarme Gallo, presentando como ´humanitario´ a un gobierno dictatorial", lo que para el Gobierno constituye una grave violación de los principios de lealtad y fidelidad hacia la Nación.
"Le pide explicaciones a la República Argentina, en lugar de pedirle explicaciones al gobierno que secuestra a un extranjero privándolo de la libertad en una ‘desaparición forzada'", cuestionó.
