Se acerca el cierre del año 2024 y aún no han aprobado los Presupuestos Generales del Estado, con lo que ello supone para la subida de la prestación por desempleo, gestionada por el SEPE, y conocida por los ciudadanos como paro. En este sentido, no hay que olvidar que España encabeza la tasa de desempleo europeo más alta en octubre, con un 11,2%, mientras que la Unión Europea y la eurozona marcan mínimos históricos.
A todo ello hay que sumarle que nuestro país también es líder en paro juvenil, con un 26,7%. Se sitúa por delante de Suecia (24,4%), Grecia (23,3%) y Luxemburgo (23,2%). Por el contrario, las más bajas se observaron en Alemania (6,5%), Países Bajos (8,9%) y Malta (9,2%).
En la actualidad, la prestación mínima por desempleo se sitúa en 560 euros para aquellos beneficiarios sin hijos, mientras que la cuantía máxima es de 1.225 euros para los perceptores que no tengan hijos. Ahora bien, para saber cuánto va a subir el paro habrá que esperar a conocer si el IPREM aumenta en 2025. Este dato se conocerá en el momento en el que finalmente se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.
Pero, ¿qué tiene que ver el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples aquí? Pues bien, el IPREM es un índice cuyo valor se establece en los PGE y establece el límite de las rentas personales y familiares que sirve de base para obtener determinadas ayudas sociales: becas, ayudas escolares, determinadas ayudas para la compra o alquiler de vivienda, asistencia jurídica gratuita, bono social eléctrico, subvenciones, subsidios o prestación por desempleo.
En este sentido, según lo establecido en el BOE, el IPREM mensual para 2024 es de 600 euros, mientras que el anual (con 12 pagas) alcanza los 7.200 euros y con 14 pagas se sitúa en 8.400 euros.
La reforma del paro precisa que la compatibilidad de la prestación contributiva por desempleo con un puesto de trabajo será posible siempre que se hayan devengado nueve meses de aquella y que el derecho reconocido fuera igual o superior a un año, lo que será aplicable a las prestaciones reconocidas a partir de 1 de abril de 2025.
La norma permitirá a aquellos trabajadores que cobren menos de 1.350 euros al mes (18.900 euros al año) poder optar a una prestación mientras que cobran el sueldo correspondiente. Se trata de una medida más que tiene como objetivo proteger a los ciudadanos parados de larga duración, sirviendo este complemento como apoyo financiero para todos aquellos que pretender regresar al mercado laboral en un corto plazo.
La duración de la prestación variará en función de las cotizaciones por desempleo de los últimos seis años que no hayan sido computadas para cobrar paro anteriormente, así como los días de vacaciones pagados y no disfrutados:
