La presidenta madrileña y su jefe de gabinete declaran la guerra a Álvaro García Ortiz, el mismo fiscal que ya había descartado en Galicia las tramas incendiarias que Feijóo denunció sin pruebas y que recibe desde entonces duros ataques del PP
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“Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja (...). Está sufriendo una inspección salvaje”. Fue la primera reacción de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a la revelación de elDiario.es sobre el fraude fiscal de su pareja que había denunciado la Fiscalía. Ese día, 13 de marzo de 2024, la jefa del Ejecutivo madrileño se puso delante de las cámaras para exculpar al empresario Alberto González Amador y denunciar una supuesta confabulación institucional contra ella comandada por el Gobierno de Pedro Sánchez y su prensa afín.
Nueve meses después, su estrategia no ha cambiado. Es más, ha situado en el centro de sus críticas al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien su pareja acusa en los juzgados de dar la orden de publicar comunicaciones entre su defensa y el fiscal que le denunció por haber defraudado 350.000 euros. El líder del PP, como otros barones del partido, no ha salido a defender públicamente a González Amador, cuya conducta muchos dirigentes populares consideran inadmisible, pero sí ha aprovechado para cargar contra García Ortiz, con quien Feijóo mantiene un enfrentamiento larvado desde la época en la que el actual fiscal general era fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia.
Todo a cuenta de la política conta incendios de la Xunta, que consistió durante muchos años en señalar supuestas tramas organizadas que según Feijóo quemaban el monte con objetivos políticos, y que la Fiscalía en Galicia, tras investigar cientos de incendios siempre ha negado con contundentes informes y memorias que siempre descartaron que existiesen redes organizadas que prendían los bosques gallegos.
Los informes de la Fiscalía que cada año desmontaban las acusaciones que lanzaban en verano Feijóo y otros dirigentes populares situaron a García Ortiz en el punto de mira del PP, que lo llegó a acusar en falso de participar en mítines socialistas. En realidad, se trató de unas jornadas organizadas por el PSdeG en las que García Ortiz participó como experto en investigación de incendios, junto a otros técnicos, en representación de la UPF y tras pedir permiso a la fiscalía del Estado.
El choque con el entonces fiscal de medio ambiente se ha mantenido hasta estos días por parte de Feijóo y su núcleo dirigente. Uno de los últimos ejemplos se vio la semana pasada, cuando el líder del PP señaló al fiscal general como instigador de la decisión de la Fiscalía de Valencia de apoyar una investigación penal por la gestión de la DANA del president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y de su Gobierno. En una conversación informal con periodistas, Feijóo aseguró que antes de anunciarse ese pronunciamiento, los fiscales valencianos “comieron” con García Ortiz. La suposición de que ese escrito se había pactado la había publicado esa misma mañana el digital OkDiario.
“Yo si fuera fiscal general del Estado me preocuparía más por mí que por Valencia”, dijo el líder del PP. Tampoco fue el único dirigente de la formación conservadora que ha arremetido recientemente contra el máximo representante del Ministerio Público. Su mano derecha en el Congreso, Miguel Tellado, también se refirió a ese supuesto complot. El portavoz parlamentario aseguró expresamente que el escrito de la Fiscalía de Valencia es “una maniobra más” de García Ortiz. “Una maniobra muy burda”, añadió.
Feijóo y Tellado no han sido los únicos que han cargado recientemente contra García Ortiz. “Es evidente que va a ir más de uno pa'lante”, afirmó Ayuso en una entrevista en Telecinco empleando la misma expresión informal que usó su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, para anunciar con una semana de antelación la apertura de una causa para investigar si el fiscal general filtró unos correos entre el abogado de González Amador y el fiscal que le investiga.
Parte de esos correos —que García Ortiz niega haber difundido—, ya habían sido divulgados previamente por Rodríguez, quien se ha implicado personalmente en la defensa del comisionista. Sin embargo, eso no es ni mucho menos un problema para Ayuso. “No tengo que dar explicaciones de este tipo. Lo que sé es quién tiene derecho a filtrar y quién no”, afirmó en alusión al máximo representante del Ministerio Público.
En sus redes sociales, el propio Miguel Ángel Rodríguez, un cargo público que cobra casi 100.000 euros al año de la Comunidad de Madrid por servir a todos los ciudadanos, ha difundido mensajes amenazantes contra García Ortiz. “Fiscal General: si me llamas a declarar vas a ir pá’lante!!!”, escribió el pasado 12 de noviembre. En otro mensaje anterior le llamó “mafioso” y “estalinista”.
También Ayuso ha elevado el tono contra el fiscal general, recurriendo incluso al insulto. El pasado 17 de octubre, un día después de que el Tribunal Supremo abriera causa contra García Ortiz le llamó “caradura” en una intervención en la Asamblea de Madrid. Aseguró que es una persona sin “pundonor ni ningún tipo de prestigio”, pues obedece “a las obsesiones” de Sánchez con la propia Ayuso. Y añadió que su pareja es víctima de “todos los poderes del Estado” y ha visto “vulnerado su derecho a la defensa” y ha sido “condenado política y mediáticamente con un escarnio desde hace un año”.
Meses antes, en junio, la presidenta madrileña calificó a García de Ortiz de “vergüenza” y de “esbirro” de Pedro Sánchez después de que los miembros de la Junta de Fiscales de Sala, uno de los órganos que conforman la cúpula de la carrera fiscal, apoyaran por la mínima su criterio de pedir que se aplique la amnistía a todos los delitos vinculados al referéndum del 1-O.
“La votación que se produjo en la Junta de Fiscales de Sala, a manos de un fiscal que jamás ha cosechado prestigio alguno, pero que hoy es una vergüenza y un auténtico peligro para la carrera, nos demuestra la gravedad del momento”, dijo la presidenta. “Se creen impunes porque saben que, una vez terminada la separación de poderes en España, Sánchez cambia las reglas del juego y, además, perdonará a su esbirro ante cualquier despropósito, como hará con los presos de ETA o con los golpistas separatistas”, dijo.
Las declaraciones de Ayuso contra el fiscal general empezaron a intensificarse a raíz de la denuncia que un fiscal de Madrid presentó contra su pareja el pasado marzo por no pagar a Hacienda el porcentaje que le correspondía tras embolsarse una comisión de casi dos millones de euros por la compraventa de material sanitario en plena pandemia.
El de González Amador, sin embargo, es lo que se conoce como un caso de libro: Hacienda detectó facturas falsas, los supuestos testaferros declararon que no había trabajos y el siguiente paso inevitable era la denuncia de la Fiscalía. De hecho, el empresario acabó reconociendo que había defraudado impuestos en un escrito donde se comprometía a pagar más de medio millón de euros y proponía una condena de ocho meses de cárcel, siempre que no implicase su entrada en prisión.
La animadversión de Feijóo hacia García Ortiz, sin embargo, se remonta a tiempo atrás. En concreto, a hace más de seis años, cuando él era presidente de la Xunta de Galicia y trató de justificar con la teoría del “terrorismo incendiario” una ola de fuegos que asoló la región en septiembre de 2017 y causó cuatro muertes. Su campaña fue tan sonada que el por entonces fiscal delegado de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, desmintió públicamente la existencia de indicios que permitieran inferir que había una trama detrás de los incendios.
Tras las declaraciones del fiscal desmontando las teorías del presidente gallego, la respuesta llegó en forma de campaña por participar en una mesa redonda organizada por el PSOE sobre una de sus especialidades, precisamente los incendios forestales, y en la que también participaron catedráticos de la universidad. El PP y sus medios afines llegaron a decir entonces que García Ortiz había participado en un mitin socialista. En realidad, era una mesa redonda organizada por el PSOE sobre incendios forestales, en la que también se sentaron catedráticos de universidad y economistas y que abordó cuestiones técnicas relacionadas con la prevención de los fuegos.
