El Gobierno no sabe explicar por qué los perfiles en redes sociales con 100.000 seguidores deberán atenerse a la nueva ley de rectificación. Fuentes gubernamentales aseguran que se trata de una cifra provisional y que la eligieron porque creen que representa una suma "considerable".
Sin embargo, especifican que la norma solo es, por ahora, un anteproyecto de ley sujeto a modificaciones y ha encargado informes a expertos que determinarán cuál será la cifra final.
Esta medida se enmarca dentro del plan de diseñado por Moncloa, que creará un registro de medios y modificará la ley de publicidad institucional.
No se trata de una cuestión menor. El Gobierno considera que el punto más innovador del anteproyecto es precisamente la influencia que tendrá en los perfiles de redes sociales, antes exentos del derecho de rectificación al no ser medios de comunicación tradicionales.
Tras la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente, Pedro Sánchez, Moncloa anunció una batería de medidas para combatir los bulos tanto en prensa, radios y televisiones, como en lo que denomina "pseudomedios", y personas influyentes. Mentiras que, según el Ejecutivo, han sido claves para encausar a Gómez o al hermano de Sánchez.
Esta norma, por tanto, ataca al corazón del problema, según el Gobierno: trata de frenar bulos de forma rápida, obligando a rectificar y dando la misma visibilidad a la noticia falsa que a la corrección. Tanto en medios como en influencers, muchos de los cuales, según el Ejecutivo, alientan teorías de la conspiración y difunden fakes.
A pesar de la trascendencia de este apartado de la nueva ley de rectificación —que reforma la norma vigente desde los años ochenta— el Gobierno no ha sabido explicar por qué ha elegido esta cifra.
Preguntados por el motivo que ha llevado al Ejecutivo a elegirla, la respuesta es más bien parca. No hay estudios, trabajos, ni recomendaciones de expertos que apunten a este número. Tampoco leyes aplicadas en otros países europeos.
La nueva normativa atañe a usuarios que tengan 100.000 seguidores en una red social o sumando todos los perfiles que tengan en varias de ellas.
Sin embargo, desde Moncloa tratan de restar importancia al motivo. El Gobierno insiste en que se trata de una fase previa, no de un proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros, y pedirá informes a expertos que determinen los detalles del texto.
Estos dictámenes no solo se referirán al número de seguidores que establece la ley, sino que analizarán el conjunto de la misma y el Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, decidirá qué incluye y qué deja fuera.
Pero el motivo de fondo de esta medida, según ha sabido Confidencial Digital, es contrarrestar la enorme difusión que tienen los “bulos” —en palabras del propio Ejecutivo— en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram. Hace años que en Moncloa y Ferraz preocupa el surgimiento de cuentas en redes sociales como X —antes Twitter— que difunden contenido “inexacto o directamente falso”.
“Que cualquier portal publique una mentira nos preocupa relativamente, lo que más daño hace es la cantidad de veces que ese contenido se reenvía luego vía mensaje. Ahí es imparable”, admitían hace meses altos cargos socialistas a Confidencial Digital.
Aunque el Gobierno quería retocar algunos aspectos del derecho de rectificación, el principal motor de esta norma es arremeter contra perfiles con muchos seguidores que, en consideración del Ejecutivo, “intoxican” con informaciones falsas y tienen mucho más impacto que los medios tradicionales.
