Hace apenas unas semanas, la ministra de Sanidad, Mónica García, en uno más de sus habituales ataques furibundos contra la sanidad privada (en enero se despachó acusando que el sector "está vinculado con la mortalidad evitable") destapó las esencias con un [[LINK:INTERNO|||Article|||673b1d9d0179f900076e9ba2|||informe sobre Muface para defender – lo que sólo parece soportar Sumar en el Gobierno de coalición- y decir que existe una opción viable y razonable para migrar a los mutualistas de la sanidad privada al sistema público]] porque, en el fondo, la sanidad pública ya se hace cargo de esos pacientes más complejos por la llamada "selección de riesgos" que hacen las aseguradoras de salud.
Traduciendo en roman paladino, estas compañías infringen los contratos suscritos con Muface, dejando de lado las patologías más graves y costosas, porque los pacientes no son la prioridad en ningún caso.
También lo ha afirmado a las claras el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla: "La sanidad privada trata a pacientes más jóvenes, menos complejos y con recursos económicos más altos". Digamos que, como poco, son afirmaciones discutibles.
Los asegurados a partir de los 40 años suponen ya el 55% del total. En cuanto a la categorización de los problemas de salud en la privada, casi el 52% del total suponen problemas significativos o graves de salud, mientras el 48% son problemas leves. Y si hablamos de renta, los 12,6 millones de pacientes – más del 25% de la población – es claro que superan los 1,1 millones de personas de mayor renta del país, considerados de alto poder adquisitivo.
El mito de que el sector sanitario empresarial se dedica a "lo fácil" porque no quiere o no puede atender las intervenciones de alta complejidad, que supuestamente derivan al sistema público, es una falsa creencia que ha hecho suerte. Esta narrativa no solo es injusta, sino que distorsiona la realidad y menosprecia la labor de miles de profesionales y centros que se enfrentan con éxito a desafíos médicos, con inversión, formación y conocimiento.
Es hora de romper con este mito arbitrario e inaceptable que se ceba para denigrar al sector de los hospitales y de las clínicas privadas. La realidad es tozudamente distinta. Los números lo demuestran.
En 2022, según los datos del ‘II Informe ASPE’, los centros sanitarios privados llevaron a cabo 4,7 millones de pruebas diagnósticas con equipos de alta tecnología, un 8% más que el año anterior. Teniendo en cuenta que atienden al 26% de la población, hacen el 49% de las resonancias magnéticas, el 39% de las mamografías y el 24% de los TAC de toda España.
En actividad asistencial, el panorama es igual de revelador. El sector hospitalario privado realiza el 42% de las intervenciones quirúrgicas de todo el país con el 36% de los quirófanos instalados. Cirugías cardíacas, tratamientos oncológicos de última generación, sesiones de protonterapia o de radiología intervencionista, permiten concluir que el sistema privado actúa en toda la cadena de valor sanitaria y con amplia eficacia.
Esto no es casualidad. Requiere inversión constante en tecnología de vanguardia para renovación de infraestructuras sanitarias, con idea de ofrecer a los pacientes acceso a tratamientos innovadores, precisos y poco invasivos, de igual manera que en el sistema público.
Pero además para que un quirófano o una UCI esté operativa, además de tecnología de última generación se requiere profesionales altamente cualificados. La sanidad privada invierte en ambos frentes, formando a sus equipos y apostando por tecnologías sanitarias, digitalización, inteligencia artificial y medicina personalizada.
En este sentido, lejos de ser el fiero enemigo de la sanidad pública, la privada se presenta como su mejor aliada. La colaboración público-privada ha demostrado ser esencial en momentos de alta presión asistencial. Y esta alianza no solo se justifica en situaciones de emergencia, sino también en la gestión cotidiana de la demanda sanitaria.
Cuando los hospitales públicos tienen listas de espera para pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas, la sanidad privada contribuye a reducir esos tiempos. Con ello, no solo se mejora la experiencia del paciente, sino que se colabora para evitar mayor saturación del sistema.
Esta alianza no es casual ni improvisada. Requiere una planificación conjunta, protocolos claros y una voluntad política firme para aprovechar los recursos de forma eficiente. No se trata de ceder competencias ni de privatizar la sanidad pública, sino de coordinar esfuerzos para que el sistema en su conjunto sea más ágil, accesible y sostenible.
Se trata, en definitiva, de hacer complementarias dos caras de la misma moneda, sin intrusismos, ni competencia, ni celos, ni ataques extemporáneos.
La sanidad pública es y debe seguir siendo un pilar fundamental de la sociedad, pero su sostenibilidad dependerá de su capacidad para integrar la aportación de la sanidad privada de forma inteligente y eficaz. Cuanto antes asumamos esta realidad, antes construiremos un sistema sanitario más fuerte, más justo y mejor preparado para los desafíos del futuro.
