A poco de terminar el año, el último 15 de diciembre terminó la primera legislatura ordinaria del Periodo Anual de Sesiones 2024-2025. A esto le siguió el receso parlamentario y, dentro de ello, del 16 al 20 de diciembre, los legisladores estuvieron en semana de representación. Luego de esa fecha, es la Comisión Permanente la que legislará hasta el 28 de febrero del 2025.
Con 88 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones, la referida comisión obtuvo facultades para legislar hasta fines de febrero del próximo año. Dentro de sus funciones se encuentra: los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el Orden del Día y en la agenda del Pleno del Congreso, así como los que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces, según sus atribuciones.
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“Exclúyense de los asuntos a que se refiere el artículo anterior aquellos cuya delegación a la Comisión Permanente no procede, según lo establecido en el segundo párrafo del inciso 4) del artículo 101 de la Constitución Política del Perú”, dicta la resolución.
Según la agenda publicada en el portal del Congreso, tienen pendiente revisar 29 dictámenes, 6 proyectos de ley y 15 pendientes de segunda votación.
Entre ellas se encuentra el dictamen de los proyectos de Ley 6162, 6252, 7140, 7354, 7367 y 7505, que buscan modificar la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Esta iniciativa, conocida como la Ley Anti ONG, han generado controversia debido a los cuestionamientos sobre su impacto en la autonomía de las organizaciones no gubernamentales.
Otro proyecto clave es el dictamen de los proyectos de Ley 1607, 3153, 4424, 4597, 4783, 6975, 7023, 7192, 8331 y 9432, que plantean modificar la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. Este dictamen busca restituir el financiamiento privado de las personas jurídicas hacia los partidos políticos. Sin embargo, esta iniciativa ha generado críticas, ya que busca reincorporar una práctica eliminada en 2018 tras los escándalos de corrupción relacionados con el caso Lava Jato.
Según el inciso 4 del artículo 101 de la Constitución Política del Perú, la Comisión legislará hasta el 28 de febrero del 2025. Posteriormente, del 1 de marzo al 15 de junio, los demás parlamentarios retoman sus labores en lo que corresponde a la segunda legislatura.
