La administración de Joe Biden y Kamala Harris ha generado una fuerte controversia al aprobar la reapertura del Centro de Procesamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Adelanto. Ubicada en California, esta instalación es reconocida como el centro de detención privado más grande de Estados Unidos, con capacidad para albergar a cerca de 2.000 inmigrantes. A solo semanas del retorno de Donald Trump a la presidencia, líderes comunitarios y defensores de los derechos de los migrantes critican esta decisión, porque podría facilitar las deportaciones masivas del presidente electo.
El Proyecto 2025 de Trump incluye iniciativas como la eliminación de programas clave como Estatus de Protección Temporal (TPS), además de reforzar las operaciones de ICE en lugares previamente considerados seguros, como escuelas e iglesias. Este panorama ha encendido alarmas en las comunidades inmigrantes y entre activistas, quienes consideran que la resolución de la demanda judicial por parte de Biden prepara el terreno para una maquinaria de deportación sin precedentes.
El Centro de Procesamiento de Adelanto, ubicado a más de 100 kilómetros de Los Ángeles, estuvo parcialmente cerrado desde 2020 debido a restricciones relacionadas con la pandemia de Covid-19. Sin embargo, tras una evaluación realizada por ICE, la administración Joe Biden y Kamala Harris resolvió una demanda judicial que permitirá su reapertura total, pendiente solo de la firma del juez correspondiente. Este movimiento ha sido calificado por críticos como una "alfombra roja" para los planes migratorios de Donald Trump.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han manifestado su preocupación. Líderes como Nicolette Glazer, abogada de inmigración en California, consideran que esta decisión facilita el cumplimiento de las promesas de campaña de Trump, quien ha propuesto el uso de recursos gubernamentales y fuerzas militares para acelerar las deportaciones. Con la capacidad de albergar a casi 20000 detenidos, Adelanto se perfila como un elemento central en las políticas de mano dura proyectadas por la próxima administración.
Entre las medidas más controversiales del plan migratorio de Trump destacan las deportaciones masivas, la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) y la restricción de programas como el Parole Humanitario. Además, el Proyecto 2025 pretende desmantelar políticas esenciales, como la ciudadanía por nacimiento, en un intento por desafiar directamente la 14.ª Enmienda de la Constitución.
Una de las propuestas más alarmantes incluye eliminar las limitaciones actuales de ICE para operar en lugares sensibles como iglesias y escuelas. De llevarse a cabo, estas políticas no solo desmantelarían protecciones existentes, sino que también afectarían a ciudadanos estadounidenses con vínculos familiares con inmigrantes indocumentados. Para las comunidades inmigrantes, el panorama de 2025 podría ser un punto de inflexión histórico.
