El presidente de la Junta admite que pueda haber algún "reproche administrativo" en los contratos a dedo del Servicio Andaluz de Salud con clínicas privadas que investiga la justicia y rehusa poner la mano en el fuego por los tres gerentes imputados
Mapa para no perderse entre todos los tipos de contratos a dedo del Gobierno andaluz que apuntan a los tribunales
El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha hecho una consulta particular a “unos conocidos que son magistrados” sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas que está investigando un juez de Sevilla y la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto caso de prevaricación.
En la causa, a resultas de una querella del PSOE, está imputada la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, que tendrán que comparecer en los juzgados para explicar la adjudicación a dedo de más de 243 millones de euros a clínicas privadas, a través de contratos de emergencia firmados entre 2020 y 2024.
A preguntas de la Cadena Ser, en una entrevista emitida este miércoles, Moreno ha evitado “poner la mano en el fuego” por los tres altos cargos imputados, por lo que considera “una denuncia política” de los socialistas. “No se trata de poner la mano en el fuego, se trata de esclarecer los hechos. Y los hechos son sencillos, partimos de una denuncia politica. El PSOE ha decidido hacer una querella contra el Gobierno, una querella que nosotros no le vemos”.
El presidente andaluz admite que pueda haber “un reproche administrativo” en la concesión de esos contratos, amparados en el marco excepcional habilitado por el Gobierno central en lo peor de la pandemia cuando ya estaba derogado. “Puede haber un reproche administrativo, quizá puede haberlo, pero como tendría que haberlo en el conjunto del sistema a lo largo de todos los años, también cuando lo practicaba el PSOE, y también en el conjunto del sistema en España”, ha asegurado.
Moreno se acoge a los dos informes jurídicos que solicitó expresamente el SAS para justificar la prórroga de esos contratos de emergencia hasta el verano de 2023: “Era un momento de urgencia, la sanidad es compleja, cuando te falta un material sanitario no puedes hacer esperar, tienes que hacer contratos de emergencia. Dicen ellos [el PSOE] que se usó más allá de lo necesario... Hasta donde yo he conozco hay un respaldo jurídico por parte de los letrados del gobierno, por tanto si tienen ese respaldo a esos contratos, son óptimos”, insiste.
Pero el presidente andaluz también ha revelado que hizo una consulta particular a unos jueces que él conoce y que no forman parte del proceso. “Hasta donde yo conozco, y con la información de la que yo dispongo, y cuando se lo he trasladado a unos conocidos que son magistrados, que están en otro ámbito y lo han visto, no han visto nada que vaya hacia un reproche penal, pudiera haber como mucho un reproche administrativo”, ha asegurado.
El dirigente popular se ha mostrado convencido de que la causa judicial abierta quedará en nada. Tampoco ha entrado a valorar la posibilidad que el juez que instruye el caso y la Fiscalía Anticorrupción terminen imputando a los dos inmediatos superiores de los gerentes del SAS, es decir, los exconsejeros de Salud en el cargo cuando se otorgaron los contratos a dedo bajo sospecha: Jesús Aguirre, hoy presidente del Parlamento andaluz, y Catalina García, destituida como responsable de Salud el pasado julio y ahora consejera de Medio ambiente.
“Yo soy el primer partidario de que, cuando hay cualquier tipo de sensación de oscuridad, que las cosas se aclaren, y la mejor manera es a través de los propios tribunales. No tengo ningún miedo, entre todos tendremos una administración lo más transparente posible”, ha zanjado Moreno.
El presidente de la Junta también se ha pronunciado sobre el caso ERE, y las recientes sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional que anulan parcialmente y rehacen los fallos que condenaron a los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a parte de la cúpula de sus gobiernos.
“Yo tiendo a creer en el trabajo que ejercieron centenares funcionarios públicos durante una década, policía judicial, magistrados, etc… dedicaron muchos años y lo mejor de sí mismos a una sentencia, y ahora eso se ha revisado”, se ha lamentado el dirigente popular, que defiende que en el caso ERE “hubo irregularidades contables, no se hicieron las cosas bien, hubo responsables políticos y eso está ahí y lo sabe la ciudadanía”. “Han encontrado un amparo por parte del Constitucional, ahora hay que repetir esos juicios en la Audiencia Provincial de Sevilla y a ver qué dicen”, concluye.
El presidente de la Junta también ha sido cuestionado sobre el último barómetro del Centra, que prevé una reedición de la mayoría absoluta del PP, el retroceso abrupto del PSOE y la posible irrupción en el Parlamento andaluz del partido del eurodiputado y agitador ultra Alvise Pérez.
“Me sorprende, porque no tiene estructura territorial ni arraigo. Con un proyecto ideológico radical, me sorprende que haya tanta base en Andalucía, no sabemos si es flor de un día. Pero el Centra es elevado, consecuencia del desapego de la confrontación permanente, del pim pam pum, el politiqueo barato... Entre todos alimentamos a estas formaciones polícitas, hace falta más serenidad y diálogo para achicar a este tipo de partidos”, subraya Moreno, que está convencido de que los andaluces “quieren un gobierno moderado y estable, el pragmatismo y no la ideologización permanente”.
Sobre los próximos comicios en Andalucía, previstos para la primavera de 2026, el presidente de la Junta ha sentenciado que “no hay ninguna posibilidad de adelantar las elecciones andaluzas a 2025”. “Tenemos estabilidad, tenemos presupuestos y credibilidad”, concluye.
Moreno ha sacado pecho por la gestión de su Gobierno en la DANA que afectó, sobre todo, a las provincias de Málaga y Almería, justo después de la tragedia que dejó más de 220 muertos en Valencia.
El presidente de la Junta ha reconocido que esta comunidad tiene muchas zonas inundables donde reside gente, porque son viviendas consolidadas desde los años 60, y ha anunciado que la Junta “le ha pedido a las entidades financieras que las hipotecas relacionadas con zonas inundables sean más caras, porque queremos disuadir de comprarse viviendas en estas zonas”.
