Dictadura uruguaya: exmilitares condenados por torturas en Batallón N° 10
En una reciente decisión judicial, los militares retirados José María Lete, Rogelio Garmendia y Pedro Buzó han sido procesados con prisión por su participación en la tortura de 39 adolescentes durante el régimen militar en Uruguay.
Los hechos se remontan a abril de 1975 y han sido parte de una exhaustiva investigación que busca esclarecer abusos de poder perpetrados en el Batallón de Infantería N° 10, situado en la ciudad de Treinta y Tres.
La noticia fue corroborada por fuentes judiciales que informaron a Montevideo Portal, resaltando que los procesamientos se inscriben en el marco de un expediente más amplio sobre violaciones a los derechos humanos. La jueza del caso, María Eugenia Mier, destacó la gravedad de los delitos cometidos durante un periodo oscuro de la historia uruguaya.
José María Lete fue acusado como coautor de «múltiples delitos de privación de libertad, atentado violento al pudor, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves«. A su vez, Rogelio Garmendia se enfrenta a cargos por abuso de autoridad, así como por lesiones y privación de libertad.
Pedro Buzó, aunque menos mencionado, es considerado presunto autor de reiterados delitos de abuso de autoridad y lesiones graves, involucrando a todos en un entramado de violencia sistemática.
La investigación judicial llevó a descubrir que Buzó, en su calidad de oficial de inteligencia del Batallón de Infantería N° 4, desempeñó un papel fundamental en la intensificación de las torturas en el batallón de Treinta y Tres, especialmente durante la visita del general Gregorio Álvarez el 18 de abril de 1975.
Las víctimas, la mayoría adolescentes y algunos tan solo de 13 años, identificaron a Buzó como uno de los principales responsables de los abusos.
Por otro lado, Garmendia fue ampliamente mencionado por las víctimas como el gestor de las operaciones de detención y, notablemente, como parte del grupo de torturadores. A esto se suma la identificación de José María Lete como el segundo al mando en el batallón, quien también fue reconocido por los testigos en las declaraciones sobre los interrogatorios.
En un fallo reciente, la jueza Mier desestimó un recurso de la defensa de Lete, el cual alegaba que no existía competencia del juzgado de primera instancia para tratar causas de lesa humanidad. La magistrada calificó este argumento como un intento dilatorio que buscaba frenarlo, enfatizando lo contradictorio de las acciones previamente emprendidas por la defensa.
Los hechos que son objeto de análisis jurídico ocurrieron entre el 12 y el 15 de abril de 1975, cuando un grupo de 39 adolescentes, en su mayoría estudiantes del liceo N° 1 de Treinta y Tres, fue detenido en sus casas por órdenes de la justicia militar.
Durante aproximadamente 20 días fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas, experimentando maltratos que incluían golpes, descargas eléctricas y en el caso de las mujeres, abusos sexuales.
