En Ayacucho, una región con una rica historia y particular realidad, el centro poblado de Relave decidió enfrentar una situación actualmente alarmante en el Perú: la proliferación de extorsiones y amenazas. En un hecho sin precedentes, los residentes exigieron, a través de un documento firmado, la salida en un plazo de 24 horas de todos los extranjeros, principalmente venezolanos, a quienes se señaló como responsables de estos actos delictivos. Esta decisión ha generado un intenso debate a nivel nacional.
Durante los últimos años, este pueblo ha experimentado un crecimiento demográfico significativo. En el Censo Nacional 2017, su población era de 4.302 habitantes, pero estimaciones recientes indican que esta cifra superó las 15.000 personas en 2022. Este incremento está estrechamente vinculado a la minería, la principal actividad económica de la zona.
Relave, ubicado en la provincia de Parinacochas, en el departamento de Ayacucho, es reconocido por su actividad minera y su fuerte espíritu comunitario, con organizaciones como la Comunidad Aurífera Relave S.A. (AURELSA), considerada una operación de pequeña minería por el Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, y la Asociación de Mineros Artesanales Auríferos Relave Pullo Parinacochas Ayacucho, que une a los mineros artesanales de la zona.
Este recurso también ha atraído a la minería ilegal, que además de contaminar el ambiente y degradar las tierras, ha aumentado la violencia y extorsión en la zona, creando un clima de profunda inseguridad. Ello generó la reacción de los pobladores ante la inacción de las autoridades para frenar estos males. En diciembre de este año, adoptaron la medida de expulsar a los ciudadanos extranjeros, quienes en su mayoría eran venezolanos, tras acusarlos de formar parte del problema.
La situación afectó entre 300 y 400 personas, incluso a niños, quienes debieron dejar Relave en 24 horas. Según indicó Johon Huachaca, consejero de Parinacochas, al medio local Jornada varios migrantes dejaron de forma pacífica sus viviendas y trabajo en el centro poblado.
“Desafortunadamente, es una decisión generalizada. No se hizo una evaluación para determinar quiénes podían quedarse o debían irse; este acuerdo fue tomado de manera global por las autoridades, quienes fijaron un ultimátum”, señaló.
Para lograr expulsar a los extranjeros de Relave, la comunidad impuso multas de S/3.000 a quienes brindaran alojamiento o empleo a extranjeros, además de establecer sanciones para las empresas mineras que los contrataran. Aunque esta medida fue cuestionada por no diferenciar entre personas inocentes y posibles infractores, la mayoría de los afectados dejó el lugar de manera pacífica, contando con el apoyo logístico de algunos residentes para su traslado.
Sin embargo, esta situación no haría más que reubicar a los migrantes en sectores aledaños y no exterminar la inseguridad por completo, según advirtieron algunos individuos. Por otro lado, de acuerdo con Huachaca, las autoridades del centro poblado han solicitado apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) para la instalación de un puesto de auxilio rápido, pero de momento no han recibido respuesta.
La llegada de ciudadanos venezolanos al Perú ha sido significativa en los últimos años. En 2023, se estimó que más de 5.5 millones que abandonaron su país en busca de nuevas oportunidades, 1.57 millones residen en el país, según la Organización Internacional de Migraciones.
