Lima. El Congreso de Perú citó a declarar este jueves a un exfuncionario sospechoso de haber montado una presunta red de prostitución en el Legislativo, según una denuncia periodística. El principal señalado de esta supuesta organización es el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, el abogado Jorge Torres, cercano al derechista partido Alianza Para el Progreso (APP).
Torres deberá comparecer ante la comisión de Fiscalización para responder sobre las versiones difundidas la semana pasada por el programa de televisión Beto a Saber, donde se le señala como el supuesto organizador de una red de trabajadoras que otorgaban favores sexuales a parlamentarios.
“Se dice que ellas han sido contratadas (por Jorge Torres) como personajes del bajo oficio, que van y se acuestan con algunas personas por algún beneficio”, asegura en el reportaje televisivo una extrabajadora, cuya identidad ni rostro se muestran.
Incluso, una “visitaba al expresidente del Congreso Alejandro Soto”, añade la entrevistada. Soto, del partido APP, lo negó en un comunicado.
La investigación del Congreso se suma a una indagación preliminar de la Fiscalía por “el presunto delito de explotación sexual en agravio de mujeres aún no identificadas”.
Torres rechazó las versiones en declaraciones a la prensa: “(Lo) niego rotundamente (...) y pido por parte de la Fiscalía y comisión de fiscalización que investigue”.
El asesinato de la abogada Andrea Vidal, de 28 años, quien fuera asesora y brazo derecho de Torres hasta setiembre en que fue cesada, desató el escándalo.
Vidal murió el 17 de diciembre en un hospital de Lima, tras agonizar una semana luego de ser acribillada a balazos junto al chofer del taxi en el que viajaba.
En el reportaje de televisión se desliza la hipótesis de que unos sicarios contratados por Torres asesinaron a Vidal, quien supuestamente reclutaba a las prostitutas.
“Lo que ha sucedido es grave. La presunta red de prostitución, que ha acabado con el crimen de una extrabajadora del Congreso, tiene que ser investigada”, dijo a la prensa el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos.
Según la citación del parlamento, difundida este martes, Torres deberá informar sobre “los criterios adoptados para la propuesta y contratación laboral del personal que labora en la oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Congreso”.
Torres fue cesado de su cargo en el Congreso el 13 de diciembre, tres días después del ataque a su exasesora.
“Jamás en mi vida de parlamentario me imaginé atravesar una situación de esta naturaleza”, lamentó el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, del partido APP.
