Durante años, miles de inmigrantes enfrentaron una dura realidad en el sistema carcelario de Nueva York. Lo que debía ser el final de sus condenas se convirtió en un periodo de incertidumbre y desesperación al permanecer encarcelados más allá de su fecha de liberación programada. Este capítulo oscuro ahora llega a su fin con un acuerdo histórico que no solo reconoce los errores cometidos, sino que también ofrece una compensación económica para los afectados.
El caso representa una de las demandas colectivas más importantes relacionadas con derechos humanos en Estados Unidos. Aunque la ciudad de Nueva York negó responsabilidad directa, aceptó destinar US$92,5 millones para indemnizar a quienes vivieron esta injusta experiencia.
Entre 1997 y 2012, más de 20.000 inmigrantes fueron retenidos después de haber cumplido sus condenas. Las solicitudes provenientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ordenaban su permanencia por hasta 48 horas adicionales. Sin embargo, muchas de estas detenciones se extendieron por semanas o meses, acumulando más de 166.000 días de privación ilegal de la libertad.
El caso que impulsó esta demanda comenzó en 2010 con Oscar Onadia, quien fue encarcelado 41 días adicionales tras completar una sentencia de cinco días por conducir sin licencia. Aunque Onadia falleció recientemente, su esposa recibirá US$25.000 como parte del acuerdo.
El acuerdo representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos, especialmente para las comunidades inmigrantes. Más allá del aspecto económico, esta resolución resalta la necesidad de establecer protocolos más claros para evitar abusos dentro del sistema judicial y carcelario.
Frank Barker, uno de los afectados y residente legal de Barbados, compartió su experiencia. Tras cumplir una condena de ocho meses en Rikers Island, fue retenido ilegalmente durante un año. Barker destacó la importancia de este acuerdo y alentó a otras personas afectadas a reclamar su compensación.
Los fondos destinados a esta indemnización se distribuirán entre los afectados, quienes residen actualmente en Estados Unidos y otros países como México, República Dominicana y Cuba. Las compensaciones variarán según la duración y circunstancias de cada detención alcanzando en algunos casos decenas de miles de dólares por individuo.
Además de cubrir las indemnizaciones, parte del fondo se utilizará para solventar los costos legales asociados al proceso judicial. Este acuerdo no solo busca compensar el daño económico y emocional sufrido por los afectados, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de respetar los derechos de cada individuo, independientemente de su estatus migratorio.
La demanda colectiva no solo ofreció justicia para los afectados, sino que también estableció un precedente en el manejo de las órdenes de detención emitidas por ICE. Las autoridades de Nueva York deberán revisar sus procedimientos para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Este acuerdo histórico refleja un paso importante hacia un sistema más justo y transparente, donde los derechos individuales no queden a merced de fallas burocráticas ni políticas migratorias ambiguas.
