La Contraloría General de la República improbó el presupuesto 2025 del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) por estar incompleto. El ente fiscalizador determinó que los ¢6.163.413.193 programados resultan insuficientes para financiar los gastos necesarios para el funcionamiento de la institución durante todo el próximo año, tanto en el área administrativa como operativa.
Debido a lo anterior, Incofer tendrá que iniciar el próximo año con el mismo plan de gastos del 2024, con los ajustes que procedan, “excluyendo los ingresos y gastos que, por su naturaleza, solo tienen vigencia para ese año”. Así le fue comunicado el pasado 16 de diciembre al presidente ejecutivo de Incofer, Álvaro Bermúdez Peña.
El plan ajustado de gastos que el Instituto remita a la Contraloría deberá ser igual o inferior al presupuesto del año anterior. Igualmente, los rubros de ingreso, partida presupuestaria de gastos y programas, no pueden ser mayores a los montos que fueron improbados para el 2025.
Un año antes, el ente fiscalizador también improbó parcialmente el presupuesto del Instituto, por lo que tuvo que presentar un nuevo programa ajustado por ¢5.496.866.061. La cifra dista de los ¢7.955.200.575 planteados originalmente para ese momento.
La Nación remitió consultas al Incofer sobre la situación financiera que enfrenta la institución, sin que se obtuviera respuesta al cierre de esta información.
La Contraloría pudo constatar que en el presupuesto enviado por Incofer “no se incorporaron los recursos suficientes para financiar los gastos de la institución, lo cual afecta su funcionamiento durante todo el año, incumpliendo los principios de universalidad e integridad y sostenibilidad”.
El documento con los resultados de la evaluación presupuestaria cuenta con las firmas de la gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Ciudades de la CGR, Marcela Aragón Sandoval, y del fiscalizador Víctor Marín Bermúdez.
El oficio cita una comunicación enviada, el pasado 23 de octubre, por Miguel Madrigal Gutiérrez, gerente administrativo del Incofer, en la que el jerarca reconoce que para la mayoría de los contratos operativos se presupuestaron recursos hasta marzo del 2025.
Esto incluye los contratos para la conducción de trenes para el transporte de personas, turismo y carga, así como el de Logística, por medio del cual se cobran los servicios que se brindan en la Gran Área Metropolitana (GAM).
También están desfinanciados los contratos de mejoramiento y mantenimiento de las vías férreas; control de malezas; así como el de servicios de mantenimiento y mejoramiento de equipos ferroviarios de transporte, vías y talleres.
Madrigal alegó que “la principal razón por la que no se incluyen todos los recursos para el funcionamiento y la operación está centrada en el hecho de que los ingresos estimados posibles que ha identificado el Instituto para el periodo 2025 no permiten financiar todas las necesidades.”
No obstante, la Contraloría explicó que el presupuesto planteado por Incofer no se ajusta a los requerimientos del artículo 176 de la Constitución Política, el cual exige que la gestión pública se conduzca “de forma sostenible, transparente y responsable, la cual se basará en un marco de presupuestación plurianual, en procura de la continuidad de los servicios que presta”.
Igualmente, señala que no sigue los lineamientos de los artículos 4 y 5 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, debido a que se infringe el principio de universalidad e integridad y sostenibilidad, “motivo por el cual, de conformidad con el bloque de legalidad vigente, procede la improbación total del documento presupuestario”.
