La tarjeta monedero para acceder a alimentos básicos llegará a unas 6.500 familias de la Comunidad de Madrid en 2025, según las estimaciones del Gobierno regional. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales trabaja ya en el nuevo contrato para establecer el supermercado donde se podrán proveer los beneficiarios de este servicio durante 2025, cuando el Gobierno central deje de gestionarlo. Debido a los tiempos de la licitación y la tramitación para conceder las tarjetas, los beneficiarios recibirán como pronto en marzo el saldo, aunque tendrá carácter retroactivo hasta principios de año. Entre las novedades que se incluirán, la Consejería incluirá medidas de acompañamiento para los usuarios de este servicio.
El nuevo modelo para suministrar productos básicos a las familias con hijos a su cargo ideado por el Ministerio de Derechos Sociales experimentará cambios a partir del próximo año. En enero el Gobierno central dejará de gestionar el sistema y serán las comunidades autónomas quienes asuman de manera íntegra el servicio. Para ello, regiones como la Comunidad de Madrid trabajan ya en su propio servicio para garantizar la cobertura y crear un «nuevo reparto de tarjetas con un programa estable», según detallan fuentes de la Consejería. Aunque, remarcan, carecen de la información de cómo se ha desarrollado su implantación en los primeros meses, hasta que el Ministerio les remita el informe.
La licitación publicada por la Comunidad de Madrid recoge dos contratos: uno para seleccionar el supermercado donde utilizar las tarjetas monedero y otro para establecer medidas de acompañamiento social, ambos tendrán una duración de dos años. En el documento público se estima que de manera anual unas 6.500 familias recibirán las tarjetas y deberán acudir al supermercado que se acredite. Entre las opciones disponibles en la región, se espera que Carrefour, Alcampo y Eroski, los que actualmente operan, se presente al proceso de licitación, que tiene adjudicado un presupuestado 57.263.571,53 de euros.
Debido al trasvase de la gestión, no se prevé que hasta marzo las tarjetas de Madrid se recarguen, aunque los beneficiarios recibirán con carácter retroactivo los importes de enero y febrero. «Las comunidades autónomas pedimos al Ministerio que se encargase de esta gestión hasta mediados de 2025, para poder prepararnos con tiempo y que no hubiera retrasos», explican fuentes de la Consejería. Las nuevas tarjetas serán físicas y su dotación dependerá del número de miembros que compongan la unidad familiar: si hay un adulto y un niño, recibirán 130 euros al mes; si son tres miembros, 160 euros mensuales; en los hogares formados por cuatro miembros será de 190 euros y en aquellos de cuatro o más la cifra asciende a 220 euros. Estas cantidades se abonarán de manera mensual, aunque todavía se tienen que definir los detalles.
«El sistema de tarjetas monedero ha resultado ser un fracaso», indican fuentes del Gobierno regional. Desde que se puso en marcha en julio, detallan, han accedido a ellas menos de 5.000 familias, de las 9.480 a las que se preveía llegar. Asimismo, de los 13,2 millones de euros disponibles solo se ha ejecutado el 22% del presupuesto, unos 2,9 millones de euros. «Algunos ayuntamientos de la región no derivaban a las familias porque los propios consistorios cuentan con su propia tarjeta, como el caso de Madrid, que además incluye más servicios y contempla otros perfiles», comentan
Desde el Gobierno regional se incidió desde el principio que los requisitos que se establecían excluían a muchas personas vulnerables y que el modelo «estaba abocado al fracaso». Según los datos de Banco de Alimentos, durante 2023 se atendieron a 19.677 familias en la región. Entre ellas, 16.278 eran monomarentales, 2.593 monoparentales y 806 parejas con hijos. Mientras que, el modelo actual, solo llegaría a 6.500 familias durante el próximo año.
Tras adjudicar los contratos, la consejería planea empezar a adjudicar las tarjetas de manera inmediata. «En estos meses hemos creado una base de datos para agilizar el proceso. Cuando empezó en verano tuvimos que arrancar de cero y eso ralentizó todo», comentan. También se contempla diseñar un registro para cruzar datos con los ayuntamientos y entidades para que los beneficiarios de la tarjeta decidan si recurrir a este servicio u otro, haciendo incompatible acceder a dos prestaciones que persiguen la misma finalidad.
Otra de las novedades del servicio regional será la inclusión de medidas de acompañamiento social para los beneficiarios. De esta manera, además de ofrecer acceso a las tarjetas, la Consejería quiere contar con un equipo de trabajadores sociales que hagan un seguimiento de estas familias y comprobar si necesitan recursos adicionales. Para ello, el segundo contrato, que se adjudicará, tendrá una inversión de 4.967.770,37 euros. «El primer año sabremos como evoluciona el modelo, cuando lo hayamos testeado», añaden desde el Gobierno regional.
