La sensación que se transmite es que en 2024 no han habido grandes cambios regulatorios debido a la falta de apoyos parlamentarios que están generando bloqueos en el Congreso de los Diputados. La crispación, el ruido y los procesos judiciales abiertos contra personas del círculo de confianza del presidente del Gobierno han sido los grandes protagonistas que han abierto muchos titulares este año. El fantasma de la corrupción y la compleja aritmética parlamentaria son una losa cada vez más pesada para el Gobierno de coalición que continúa la legislatura pero a costa de un gran desgaste en la opinión pública. La situación de incertidumbre en el Congreso provocada por la frágil mayoría del Gobierno de España está atascando la legislatura. Esta situación está generando mucha preocupación en los sectores económicos que precisan de más seguridad jurídica y garantías para tener marcos normativos más claros y actualizados.
Actualmente hay más de 15 proyectos de ley tramitándose en el Congreso. Todos ellos están en periodo de plazo de enmiendas y están prorrogados sine die por la falta de apoyos parlamentarios y que afectan a diferentes sectores de la sociedad civil. Entre ellos se encuentran los proyectos de ley de Familias, la Ley de los Servicios de Atención a la Clientela, la Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud o la Ley por la que se prorrogan las medidas para afrontar las consecuencias económicas derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social. Se puede consultar todo el cuadro regulatorio en este enlace.
El Gobierno tiene como objetivo este 2025 sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado pero la aritmética parlamentaria no es nada sencilla: tiene que conseguir el voto favorable de grupos de izquierdas (incluido Podemos), de grupos nacionalistas e independentistas con unas políticas fiscales heterogéneas (socialistas por parte de ERC o EH Bildu y liberales por parte de PNV y Junts) donde su principal objetivo no es generar estabilidad, sino más bien todo lo contrario.
Los nacionalistas pretenden conseguir un escenario de incertidumbre para que el Gobierno de coalición no tenga otra forma de sustentar su mayoría que ceder en todas sus pretensiones políticas. Como dice el refrán “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
Sin ir más lejos, esta semana el Gobierno no ha conseguido sacar adelante la reforma fiscal que incluía prorrogar el impuesto a las empresas energéticas (y que decae este próximo 31 de diciembre) gracias a una enmienda del PP aprobada con los votos de Vox y Junts.
En este escenario, Podemos, “ha amenazado” al Gobierno con no apoyar los PGE. Han asumido que previsiblemente el Ejecutivo no aprobará el impuesto a las energéticas, que era la condición sine qua non para sentarse a negociar. Pese a ello, el Gobierno se plantea ahora la posibilidad de regular el gravámen directamente por un Real Decreto-ley, una maniobra que podría ser inconstitucional porque vulneraría el artículo 86 de la Constitución, que prohíbe afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I y por lo tanto, crear impuestos vía decreto. Políticamente este Decreto-ley tendría poco recorrido porque previsiblemente no sería convalidado debido al rechazo no sólo de Junts, sino también del PNV, PP y Vox.
Desde Junts, Puigdemont ha adelantado que no está en disposición "ni de negociar" las cuentas, y no ha descartado la posibilidad de que haya elecciones anticipadas. Acusa a Sánchez de "no cumplir con los acuerdos pactados’’. El PSOE comienza a no tener controlados los tiempos políticos. Todos los escenarios son posibles en 2025.
Pese a la aritmética parlamentaria, sí que se han conseguido aprobar algunas normas (como el Proyecto de Ley de Desperdicio Alimentario) pero rebajando el alcance de la norma presentada por el Gobierno y con el contenido moldeado por el Partido Popular y Junts o como caso excepcional, la convalidación de los decretos de ayudas por la DANA. Pese a la convergencia (puntual) de PP y Junts en temas económicos, no habrá ningún tipo de entendimiento político que vaya más allá de eso. Estamos, por lo tanto, ante un escenario muy complejo en el que podemos aventurar que la incertidumbre será en 2025 (otra vez) la gran protagonista de la vida política española.
