El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy variado: pequeños empresarios que montaron un negocio o realizaron inversiones con resultados negativos, personas en situación de desempleo o en complicadas circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, padres que avalaron a sus hijos para la compra de una vivienda, divorciados que han comprobado el aumento de gastos de su nueva situación, etc.
