La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este lunes la decisión de Kölbi, marca comercial del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y del Banco Popular de Costa Rica, de retirar sus pautas publicitarias del programa El Chinamo de Teletica, canal 7, debido a los contenidos críticos del segmento El Chinaoke. Además, la organización rechazó la amenaza de Kölbi de evaluar la continuidad de su publicidad en toda la televisora.
Según detalla el comunicado, el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, sostiene que “la decisión no solo constituye un acto de censura indirecta, sino que además representa una interferencia estatal en la línea editorial de los medios, contraria a los principios democráticos y a la libertad de expresión”.
En esa misma línea, Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad, señaló que “es preocupante que la medida se asemeje a las prácticas de gobiernos autoritarios, donde los recursos públicos se utilizan para manipular las líneas editoriales”. Asimismo, Jornet exhortó a las autoridades a revertir esta decisión y garantizar la transparencia en la asignación de publicidad estatal.
El segmento El Chinaoke se caracteriza por su sátira crítica de temas de la realidad nacional, utilizando parodias musicales cargadas de humor e ironía para desarrollar sus contenidos. En la temporada actual, el espacio ha abordado temáticas como el aumento de homicidios, las extensas esperas en servicios de salud, el alto costo de la vida, las deficiencias en el servicio del AyA, los problemas del transporte público y críticas a la frase de campaña de Rodrigo Chaves: “comerse la bronca”.
El pasado jueves, Kölbi explicó en un comunicado que los contenidos del segmento “no se alinean con los valores de la marca” y anunció que evaluará la continuidad de su pauta publicitaria en toda la televisora. Un día después, el viernes, el Banco Popular informó que, tras el “debate público” generado por los chinaokes, decidió retirar su publicidad del programa, excepto en la sección El Aguinaldazo.
Esta decisión del Banco Popular, según el pronunciamiento de la SIP, contradice el principio seis de la Declaración de Chapultepec de la SIP, el cual establece que “los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan”. Asimismo, vulnera el principio siete, que señala que “la concesión o supresión de publicidad estatal no debe aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”.
La Sociedad Interamericana de Prensa también recordó que la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prohíbe cualquier forma de censura directa o indirecta mediante la asignación arbitraria de publicidad estatal.
Este diario solicitó las reacciones oficiales de Kölbi y del Banco Popular ante el pronunciamiento de la sociedad. No obstante, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en el continente americano.
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La Sociedad Interamericana de Prensa no es la única entidad que ha cuestionado el retiro de la pauta comercial de Kölbi del programa. El Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) también expresaron su rechazo a esta medida el pasado viernes, calificándola como represiva hacia la televisora.
Yanancy Noguera, presidenta del Colper, destacó que tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión prohíben cualquier restricción indirecta a la libertad de expresión.
“Está expresamente prohibida la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública y la asignación arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial con el objetivo de presionar, castigar o premiar, o privilegiar a los medios en función de sus líneas informativas.
“La pauta estatal se debe regir por criterios de eficiencia y eficacia, respetando los criterios técnicos en la administración y distribución de los recursos estatales, y alejarse de las decisiones de quienes ocupan cargos de nombramiento político”, declaró Noguera a La Nación.
Por su parte, el Iplex calificó el retiro de la pauta como “un acto de censura” y de “coacción” contra la televisora, por las alusiones que se hicieron en el espacio de entretenimiento a la situación de inseguridad que enfrenta el país, el costo de la vida y los casos de corrupción. Además, instó a otras instituciones públicas a que “no repliquen esta nefasta decisión”.
El Instituto subrayó que, con esta acción, Kölbi “está asociando su marca a prácticas de dictaduras y gobiernos autoritarios que utilizan la pauta estatal para premiar a quienes den a conocer solo contenidos favorables y castigar a cualquier medio que se atreva a dar conocer a los habitantes, en diversos formatos, hechos verdaderos que no le agraden al gobierno”.
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Otras figuras políticas, como la expresidenta de la República Laura Chinchilla (2010-2014), así como las fracciones legislativas del Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA) y la diputada independiente Kattia Cambronero, también condenaron la decisión de las entidades involucradas.
