El 2024, en Costa Rica, ha sido un período de contrastes. Por un lado, varios indicadores macroeconómicos apuntan a la estabilidad y crecimiento, lo que genera cierto optimismo sobre el futuro. Al mismo tiempo, surgen desafíos persistentes que se trasladan al 2025, con problemas económicos y sociales que afectarán a empresas y familias. Esos retos requerirán atención para evitar su transformación en obstáculos mayores.
Aunque las cifras oficiales indican que el PIB de Costa Rica crecerá a una tasa cercana al 4%, ese crecimiento sigue siendo impulsado, principalmente, por unos pocos sectores, en particular las zonas francas. El resto de la economía muestra señales de desaceleración. En octubre, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del régimen definitivo, que representa aproximadamente el 85% del PIB, creció un modesto 2%. Esto sugiere que una parte significativa de la economía costarricense iniciará el 2025 con tasas de expansión bajas, limitando las oportunidades de las empresas y las familias.
Por otro lado, aunque las autoridades destacan que el desempleo alcanzó niveles históricamente bajos, este logro se explica en gran medida por el aumento de empleados en el sector informal. Mientras el número de trabajadores inscritos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aumentó en unos 12.000 en el último año, las personas en la informalidad se incrementaron en cerca de 138.000. Este fenómeno genera preocupación, pues no se están creando empleos de calidad y más trabajadores pierden acceso al crédito, seguridad social y otros beneficios asociados al empleo formal.
A pesar de que la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) reflejó un aumento promedio en los ingresos mensuales de los hogares, el consumo privado, que constituye el principal componente de la demanda interna, mostró una tendencia opuesta. Este comportamiento podría estar relacionado con la adquisición de deudas para financiar el consumo familiar, como lo demuestran las cifras de endeudamiento por hogar.
Además, la mejora en los ingresos pudo haber sido muy focalizada, lo cual limita su impacto general en la economía. Asimismo, los resultados de la encuesta deben interpretarse con cautela debido a la volatilidad inherente en este tipo de mediciones.
Si bien la pobreza se redujo en casi cuatro puntos, persisten otros desafíos estructurales. La violencia continuó siendo un problema relevante y el narcotráfico fue destacado por medios de comunicación internacionales como una amenaza creciente. A esto se suma el hecho de que Costa Rica sigue siendo el país con mayor desigualdad en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo cual refleja profundas brechas sociales y económicas necesitadas de atención urgente.
Los datos de arribo de turistas también emitieron señales preocupantes. Por primera vez desde la pandemia, el crecimiento mensual interanual registró cifras negativas. Lo sucedido podría estar relacionado con el creciente costo de Costa Rica como destino. El aumento de la violencia e inseguridad también podría estar influyendo en la decisión de visitar el país. Este fenómeno, que en el pasado no representaba un problema significativo, parece estar consolidándose como un desafío persistente de cara al futuro.
La inflación se mantuvo en terreno negativo, beneficiando principalmente a los grupos de mayores ingresos, mientras los de menores ingresos no han percibido la misma ventaja y siguen preocupados por el costo de vida. Es importante recordar que gran parte de la reducción en el Índice de Precios al Consumidor ha sido impulsada por la caída del tipo de cambio, que abarató la venta de vehículos nuevos, las primas de seguros, los viajes al exterior y las cuotas condominales.
La caída del tipo de cambio, aunque celebrada por algunos sectores, ha generado problemas más serios en la economía. Uno de los más afectados es el Ministerio de Hacienda, que por segundo año consecutivo ha visto impactos negativos en la recaudación. La situación incluso obligó a la conversión de préstamos con el BID a colones, como una medida para mitigar el riesgo cambiario.
Otro efecto preocupante de la apreciación del colón es la pérdida de competitividad del país, un fenómeno que continúa profundizándose, exacerbado por un manejo de la política monetaria, cuando menos, cuestionable. Hay espacio para preguntarse si tenemos un esquema de metas cambiarias, sobre todo, después de las recientes declaraciones del presidente del Banco Central.
En conclusión, el 2024 no fue un año de crisis, pero tampoco de grandes logros. Se inició con las aspiraciones de un jaguar y terminó con las realidades más modestas de un felino menor, amenazado por los desafíos en ciernes.
