La denuncia de que en el Congreso operaba una red de prostitución vuelve a poner en cuestionamiento a quienes controlan este poder del Estado. Alianza por el Progreso (APP) y el fujimorismo, que comparten la mesa directiva del Legislativo hoy, también lo hicieron entre el 2016 y 2019, cuando abrieron la puerta a contrataciones de allegados, con graves efectos.
A inicios del 2018, el Congreso de apabullante mayoría fujimorista, con Luis Galarreta como presidente y el apepista Richard Acuña como segundo vicepresidente, suspendió el Estatuto del Servicio Parlamentario, que establecía que personal de carrera y meritocrático tenga las jefaturas, y dejó la potestad del manejo administrativo en los acuerdos de la mesa directiva. Fue un proyecto de Fuerza Popular exonerado de dictamen: pasó de frente al pleno.
Desde entonces, para las contrataciones en el Congreso se usa un Reglamento Interno de Trabajo que permite colocar a allegados. Se basa en requisitos de estudios, desde los básicos, según niveles, no en experiencia congresal. La meritocracia del estatuto sigue suspendida.
“El objetivo es crear condiciones que permitan la manipulación de la institucionalidad, con mecanismos flexibles para permitir la injerencia política” dice el exoficial mayor del Congreso César Delgado Guembes.
Jefaturas
Las jefaturas están repartidas entre el fujimorismo y APP, y algunas al cerronismo.
El militante fujimorista Jaime Abensur, excandidato al Congreso por Fuerza Popular, es el director general parlamentario, número dos en la pirámide administrativa después del oficial mayor. Este último es nombrado por la mesa directiva que integran APP, el fujimorismo, Perú Libre y Avanza País.
Carlos Pais, amigo de Richard Acuña y exapoderado de una empresa de este que aportó a APP el director general de Administración del Congreso.
Otros jefes que vienen del acuñismo tienen a cargo Recursos Humanos, Haidy Figueroa; Planeamiento, William Alcántara; Planeamiento, Iván Saldaña; y Comunicaciones, Alejandra Aramayo. Esta última fue congresista fujimorista, pero a fines del 2021 se afilió a APP.
Jorge Luis Saravia, hoy sindicado de haber manejado una red de prostitución, era otra pieza clave apepista como jefe la Oficina Legal y Constitucional hasta que estalló el escándalo. Fue asesor de Luis Valdez, secretario general de APP y su esposa y hermano laboran en el Gobierno Regional de La Libertad, en la gestión de César Acuña, líder máximo de los apepistas.
Entre los mandos que provienen del fujimorismo destacan también las excongresistas ‘naranjas’ Milagros Salazar, jefa de Participación Ciudadana, y Karina Beteta, a cargo del Fondo Editorial del Congreso. Salazar fue una de las autoras de la norma que dejó el poder administrativo a la mesa directiva para nombramientos como el suyo.
Escala salarial
El Reglamento Interno de Trabajo del Congreso establece tres categorías para sus empleados: auxiliar, técnico y profesional. Para el primero, pide solo secundaria y experiencia laboral de dos años. Para técnico, formación técnica o universitaria incompleta, estudios complementarios y experiencia de dos años afines al puesto. Solo para el rango de profesional, requiere título universitario, estudios de especialización y experiencia laboral de tres años.
En la escala salarial vigente, un auxiliar, con solo secundaria y poca experiencia, puede ganar de 2 742 a 4 076 soles al mes. Asimismo, un técnico, con formación técnica o universitaria inconclusa y poco ejercicio, se lleva de 4 485 a 8 476 soles.
Para el rango de profesional en este Congreso, el salario es de 9 444 hasta 21 062 soles.
De este modo, las condiciones para colocar allegados, aunque no tengan experiencia parlamentaria, se dieron. Asimismo, se abrió puertas a pagos de favores políticos, o de otro tipo, a quienes incluso sin mucha formación o desempeño se les pueda pagar más que el promedio en el mercado laboral.
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Torres Saravia, que ascendió con los apepistas, alega no haber contratado a jóvenes hoy en investigación porque dejó el puesto unos meses, pero su reemplazo temporal, José Rubio, le obedecía lo que le decía.
Andrea Vidal, abogada con estudios de maestría, estaba en el nivel de profesional, aunque la denuncia le imputa otro rol. Su brutal asesinato es hecho crucial en las investigaciones.
Isabel Cajo, que pasó al despacho del congresista Edwin Martínez, es técnico y gana más de siete mil, dentro del rango.
La Fiscalía indaga legajos de cada una de las jóvenes del caso.
