Vecinos alertan del riesgo de construir alrededor de la Laguna del Cisne
La Laguna del Cisne se posiciona como la única laguna natural dentro del territorio de Canelones y ha proveído agua potable para la población de la Costa de Oro desde 1970. Sin embargo, actualmente enfrenta serios problemas derivados de las actividades humanas. Este contexto ha llevado a una serie de denuncias realizadas por vecinos que alertan sobre el riesgo que representa un fraccionamiento proyectado en la zona.
El proyecto inmobiliario en cuestión busca crear 73 chacras destinadas a la «vivienda habitacional». La Intendencia de Canelones ha declarado que este fraccionamiento “cumple con la normativa” vigente, indicando que cualquier actividad futura será objeto de discusión posterior. Esta afirmación ha generado incertidumbre entre los habitantes de la región.
Tradicionalmente, la cuenca de la Laguna del Cisne había tenido un uso agrícola, caracterizado por la utilización intensiva de plaguicidas. En el año 2016, la Junta Departamental de Canelones implementó medidas cautelares con el objetivo de mitigar el uso de productos perjudiciales para la salud y el medio ambiente, buscando preservar la calidad del agua. Se promovió la transición hacia sistemas de producción más sostenibles, tales como la producción agroecológica y orgánica.
A pesar de estas iniciativas, investigaciones recientes han revelado que las medidas adoptadas no han sido efectivas para detener la degradación ambiental. En este sentido, el avance del proyecto inmobiliario se presenta como una nueva amenaza para la principal fuente de agua potable en la región, lo que ha motivado la organización de grupos vecinales en defensa de la Laguna del Cisne.
El estudio inmobiliario Boix, conocido por proyectos de barrios privados en la zona, ha sometido a evaluación un plan que consiste en fraccionar terrenos en la cuenca de la Laguna del Cisne. La propuesta incluye crear «una urbanización con características de chacras rurales individuales», con una superficie mínima de tres hectáreas. Sería importante señalar que la chacra 73, que también está planificada, colinda directamente con la laguna, lo que plantea preocupaciones adicionales sobre el impacto ambiental.
En el documento presentado a las autoridades, el estudio Boix argumenta que la división de terrenos podría beneficiar la salud de la Laguna, sugiriendo que “este cambio de uso de suelo” podría disminuir los nutrientes en el agua. No obstante, esta afirmación carece de evidencias científicas, lo que añade más incertidumbre a un tema ya de por sí delicado.
Esta es la división en lotes de la zona alrededor de la delicada Laguna del Cisne, que estaría en riesgo si se construye a su alrededor
Pau Padrón, integrante de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y Yasyry, ha señalado que el lugar apropiado para discutir estos proyectos sería la Comisión de Cuenca de la Laguna del Cisne, convocada por la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente. Se ha denunciado que los espacios de participación son insuficientes, ya que las reuniones se celebran de manera esporádica y a menudo coinciden con decisiones ya tomadas sobre proyectos particulares, evitando un verdadero ejercicio de planificación participativa.
Padrón expone que el proceso de fraccionamiento fue tratado en una reunión reciente de la Comisión, donde se exhibieron las inquietudes de los vecinos, pero el tiempo fue insuficiente para analizar el impacto completo del proyecto. Se presentó información sin que los ciudadanos tuvieran acceso previo adecuado, lo que sugiere una falta de transparencia en el manejo de este asunto.
En el terreno, los vecinos han reportado que las actividades de construcción ya han comenzado, observando remoción de tierra y la edificación de piscinas y un muelle en áreas naturales. Padrón cuestiona cómo es posible que se promueva un barrio privado con acceso restringido a la laguna, un recurso que debería ser considerado como un bien común. La preocupación surge sobre cómo el proyecto podría influir en la salud de la laguna y la calidad de agua que provee a la comunidad.
Desde la perspectiva de los defensores del ecosistema, la situación se vuelve alarmante dado que los cambios propuestos podrían agravar la vulnerabilidad de los recursos hídricos. La posibilidad de contaminación se convierte en un elemento crítico en este debate, por lo que las solicitudes de evaluación por parte de organizaciones vecinales a las autoridades cobran gran importancia.
Desde la Intendencia de Canelones, la directora de Planificación, Paola Florio, ha aclarado que el papel de la comuna no es aprobar los fraccionamientos directamente, sino asegurar que cumplan con la normativa vigente antes de ser enviados a la Dirección Nacional de Catastro y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Asegura que se ha verificado que el proyecto presentado cumpla con las regulaciones de planificación territorial y que el área rural natural permanezca protegida.
Florio ha mencionado que se han recibido denuncias sobre movimientos de suelo y otros trabajos en el área que, de confirmarse, irían en contra de las normas establecidas. En este sentido, se realizó una inspección para comprobar el estado de las obras y se emitieron requerimientos para la regulación de construcciones no autorizadas que, en su opinión, deben ser controladas rigurosamente.
