Agentes de la Guardia Civil en el marco de la 'Operación Cimientos 24' han desarrollado a lo largo de los últimos meses un operativo dirigido a la lucha contra la proliferación de construcciones ilegales en la Comunidad de Madrid, concretamente en los municipios de Fuente el Saz del Jarama, Algete, Mejorada del Campo y Chinchón. La Guardia Civil, a través de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA), tiene como función velar por el cumplimiento de la normativa medioambiental y la investigación de los delitos relacionados con la protección del medio ambiente, entre los que se encuentran los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Ante la proliferación de numerosas construcciones ilegales en suelo no urbanizable, la UPRONA de la Comandancia de Madrid ha realizado, junto con la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, técnicos municipales y policías locales de varios ayuntamientos, 90 inspecciones sobre construcciones situadas en Fuente el Saz del Jarama, Chinchón, Mejorada del Campo y Algete. Dichas inspecciones se han realizado en dos fases de explotación, entre los meses de junio y noviembre. Gracias a ellas se han investigado 81 personas por la ejecución de construcciones ilegales en terreno no urbanizable y de protección, a dos personas por usurpación de agua y defraudación de fluidos y electricidad y a otra persona más por desobediencia a la autoridad, al quebrantar la resolución del precinto y paralización de obras del Ayuntamiento de Mejorada del Campo. Además de la investigación por el delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, se han formulado 80 informes-denuncias a los ayuntamientos respectivos para que procedan a ratificar las medidas de denuncia y paralización de las obras ilegalmente detectadas, así como para que inicien los respectivos procedimientos de restitución de la legalidad urbanística con la consiguiente demolición de la construcción si fuera necesaria. Según un comunicado de la Guardia Civil, con este tipo de operativos se contribuye a la protección de la ordenación del territorio y el urbanismo que afecta significativamente al medio ambiente y a las especies de flora y fauna que lo habitan, todo ello para lograr un uso sostenible de los espacios y la protección de los recursos naturales en la Comunidad Autónoma. Este tipo de asentamientos y urbanizaciones ilegales no cuentan con viales y pavimentación adecuada, así como iluminación o hidrantes al carecer de suministros de agua potable. Esta precariedad contribuye al riesgo que puedan sufrir las propias viviendas y sus habitantes en caso de incendio o inundación al asentarse en zonas no urbanizables e incluso inundables. Ello implica que en caso de catástrofe los recursos de emergencia tengan dificultades para el acceso y la posible evacuación o extinción en caso de incendio forestal, por lo que la lucha contra la proliferación de este tipo de asentamientos va más allá de la protección medioambiental ya que persigue erradicar que este tipo de viviendas y urbanizaciones supongan además un riesgo para la seguridad de las personas que las habitan.
