Siete asociaciones civiles de Baleares denuncian «la traición» del gobierno de la presidenta popular Marga Prohens a sus promesas preelectorales en materia lingüística y piden al Gobierno balear que modifique el artículo 135 de la ley de educación balear para que el catalán y el castellano sean lenguas vehiculares de enseñanza en «un patrón de equilibrio e igualdad». Las entidades PLIS, Societat Civil Balear, Foro Baleares, Sa Fundació, Mos Movem, Impulso Ciudadano Baleares y Escuela de Todos reaccionan después de que el PP, con el apoyo de la oposición de izquierdas, dejara sin efecto varias enmiendas lingüísticas de Vox aprobadas por error en el parlamento balear el pasado 26 de noviembre y dejadas sin efecto en el último pleno del año. Estas enmiendas incluidas dentro del decreto de simplificación administrativa eliminaban, entre otras cosas, el catalán como lengua vehicular en la educación, algo que era una «línea roja» para Prohens, que acusó a Vox de querer «cargarse» el catalán de la enseñanza . PP y Vox tenían los presupuestos encarrilados y ambos partidos habían pactado que estas 34 enmiendas no se aprobarían , pero sí se aceptaron otras 19. Sin embargo, en el momento de la votación, la portavoz adjunta de Grupo Parlamentario Popular, Marga Durán, dio la indicación equivocada al resto de diputados, que votaron a favor en contra de lo acordado. Al darse cuenta del error, el PP pidió repetir la votación, pero Vox se negó a hacerlo y celebró el error como un triunfo político. A partir de ese momento, las exigencias de Vox impulsadas desde Madrid se redoblaron y se centraron en cuestiones lingüísticas «inasumibles» para el PP, que llevaron finalmente a Prohens retirar los presupuestos de 2025 en el penúltimo pleno del año, al constatar que no iba a conseguir el apoyo de Vox para lograr la mayoría de 30 que necesitaba. Finalmente, pactó con la oposición dejar sin efecto estas enmiendas a cambio de sacar adelante varios decretos fundamentales para la legislatura. Esta estrategia política del PP no se ha entendido desde las entidades defensoras del bilingüismo y ha generado una profunda indignación. «Si el PP ha decidido ahora no cambiar el artículo 135 de la Ley de Educación y dejar la inmersión obligatoria intacta, es simplemente por miedo a ser coherente con sus principios, a tener que incomodar a los nacionalistas del PSOE y MÉS y a los sindicatos independentistas, comprando el lema de la paz educativa, que es la «paz de los muertos» o, peor, «la paz de la mafia: conmigo paz, sin mí guerra» , critican las asociaciones denunciantes, que consideran que el PP de Prohens prefiere «dejar la inmersión obligatoria intacta» en vez de ser «coherente con sus principios y con los de sus votantes». Durante la comparecencia de este lunes, la presidenta de PLIS, Olga Ballester, recordó que la diputada popular Marga Durán, quien se equivocó al indicar el sentido del voto de estas enmiendas, fue la misma que en 2019 reprochó al PSOE de Francina Armengol que no incluyera «un mínimo de castellano, como lengua de enseñanza de las Islas». Ballester no entiende, por tanto, que Durán criticara al PSOE por quitar de la ley balear de educación el castellano como lengua vehicular para contentar a sus socios nacionalistas de Més , «y ahora que puede cambiar este artículo, perpetúe la inmersión lingüística de Armengol». Cabe recordar que en la anterior legislatura presidida por Francina Armengol, PP y PSOE pactaron que ambas lenguas se incluirían como lenguas vehiculares en la primera ley balear de educación. En el último momento, el PSOE retiró este punto, lo que provocó la indignación del PP, que siempre ha defendido un «bilingüismo cordial» . El PP se comprometió en su programa electoral a incluir el bilingüismo en la educación, «pero ahora, sin embargo, hace seguidismo del modelo lingüístico de Cataluña», en contra de la Constitución Española, deploró Olga Ballester. Las entidades civiles también argumentaron que las enmiendas que el PP tumbó con el apoyo de la izquierda eran «coherentes» con lo que Durán declaró en su día en nombre de su partido». Es decir, que el catalán debía dejar de ser lengua única de enseñanza, compartiendo su condición de vehicular con el castellano. Además, insistieron en que el Gobierno de Prohens debería cambiar el artículo 135 de la Ley de Educación autonómica para que no haya «ambigüedades» y para que el catalán y el castellano sean lenguas vehiculares de enseñanza, como dice el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre la Ley Celáa, en un patrón de equilibrio e igualdad. Además, animó a Prohens a «no gobernar con miedo a la calle» . Por otro lado, estas entidades denunciaron que se concedan subvenciones nominativas y subvenciones por proyectos sólo a las asociaciones catalanistas e independentistas que defienden la inmersión obligatoria en catalán y el uso exclusivo del catalán en la administración. «O se dan subvenciones a todas las asociaciones o se retiran a todas», propusieron tras asegurar que ninguna de ellas ha recibido «ni un euro» de dinero público, mientras los gobiernos de Armengol y ahora de Prohens 'riegan' a las asociaciones defensoras de la inmersión obligatoria y de la expulsión del castellano de la administración. «Consideramos que seguir manteniendo las subvenciones nominativas y las subvenciones por proyectos a las entidades catalanistas e independentistas y no destinar un euro a las no catalanistas ni independentistas es un fraude y nos atrevemos a decir que de presunta corrupción, pues se está favoreciendo con recursos públicos a una línea ideológica», concluyeron.
