El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que pretende ampliar el gravamen temporal a las energéticas, con el objetivo de convalidarlo en el Congreso de los Diputados y tramitarlo como proyecto de ley para convertirlo en impuesto. Culmina así la extensión a 2025 del gravamen a las grandes energéticas que retiró en el Congreso del paquete fiscal después de que Junts y PNV amenazaran con tumbarlo si ese impuesto no se quedaba fuera. Ahora, el presidente del Gobierno ha usado la carta del Consejo de Ministros para aprobarlo por decreto ley para cumplir con el compromiso con sus socios ERC, Bildu, Podemos y BNG, y en contra de nacionalistas vascos e independentistas catalanes, que lo rechazan para evitar que se pongan en riesgo las inversiones de estas compañías en España y que tendrán en su mano derribarlo en el Parlamento. Por ello, el Gobierno tendrá que negociar los apoyos a este decreto uno a uno, ya que necesita de todos los votos de los socios de investidura para que el decreto sea convalidado por el Congreso, unos votos con los que no cuenta.
Pese a ello, y jugando con dos barajas para derogar el impuesto a las energéticas en el paquete fiscal previo y aprobarlo unos días después por decreto, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez ha reconocido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "somos muy conscientes de cuál es la complejidad del Parlamento, pero salimos a ganar, con humildad, pero salimos a ganar y evidentemente no damos un balón por perdido". El presidente ha explicado que la norma introduce "un incentivo fiscal" para que las inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y la descarbonización se puedan deducir del impuesto. "Lo que estamos haciendo es demostrar que puede exigirse un esfuerzo adicional a las empresas energéticas, al tiempo que también continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización y de impulso a proyectos industriales tan importantes como la producción de hidrógeno verde".
Según fuentes consultadas por LA RAZÓN, la fórmula pactada -la retirada del paquete fiscal, la aprobación del decreto y la posterior tramitación como proyecto de ley- "es la única posible para asegurar su entrada en vigor el 1 de enero de 2025", así como su conversión en impuesto en pocas semanas y su concertación con las Haciendas Forales vasca y navarra. Sin embargo, una vez que lo ha aprobado el Consejo de Ministros y se publique en el BOE, entrará en vigor, a expensas de su convalidación o derogación por el Congreso. "El Gobierno cumple con sus compromisos con las distintas formaciones políticas", ha reiterado el presidente.
