El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado quiere saber si el fiscal general dispone de más móviles después de que la Guardia Civil constatase que en el teléfono que le intervino el pasado 30 de octubre durante el registro de su despacho no había ningún mensaje. En una providencia, el instructor -que investiga a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso en el marco de una investigación por fraude fiscal- acuerda reclamar a la Unidad Central Operativa (UCO) que le facilite los "números de teléfono e IMSI/IMEI asociados de las tarjetas de los dispositivos móviles que figuran en el acta de la diligencia de entrada y registro" practicada en la sede de la Fiscalía General del Estado, "así como la titularidad asociada a estos números de teléfono".
Hurtado señala que adopta esta decisión "a la vista del resultado obtenido tras el informe pericial realizado por la UCO sobre el material intervenido en el registro efectuado en el despacho del fiscal general del Estado", y "en razón a los datos obrantes sobre dispositivos móviles que figuran en el acta levantada con ocasión del mismo".
Tras analizar su móvil, la UCO no halló ningún mensaje en las fechas clave de la filtración, entre el 8 y el 14 de marzo, pues esos mensajes habían sido borrados por el fiscal general por motivos de "seguridad" en aplicación de una instrucción de 2019 sobre protección de datos. Fuentes de la Fiscalía aseguraron a LA RAZÓN que García Ortiz "borra periódicamente sus mensajes" en aplicación de esta normativa, por razones de seguridad, "porque puede perder él móvil o se lo pueden robar". "Borra todo", dejaron claro, desvinculando en todo caso este comportamiento de la investigación del Tribunal Supremo.
Desde la Fiscalía General exponen que la Guía Básica de actuaciones a desarrollar por las Fiscalías, Órganos y Unidades del Ministerio Fiscal en materia de protección de datos impone a los fiscales la obligación de "eliminar" los documentos analizados una vez "dejen de ser necesarios, asegurándose de que no queden residentes en la papelera".
Sin embargo, pese a esas instrucciones la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada en esta causa, no llevó a cabo ese borrado, pues los agentes de la UCO hallaron en su móvil 37 mensajes cruzados con el fiscal general en las fechas referidas sobre la denuncia contra el empresario Alberto González Amador y los correos cruzados con el fiscal del caso. Unas comunicaciones que, en el caso del móvil de García Ortiz, fueron borradas.
La justificación de la Fiscalía General tiene otra grieta que se ha encargado de poner de manifiesto la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular, en el escrito en el que solicita al Supremo que cite a declarar también por prevaricación a García Ortiz. Y es que, señala, "mientras la fiscal y los abogados del Estado defensores sostenían", contra el auto de entrada" en los despachos de García Ortiz y Pilar Rodríguez, que la Guardia Civil "se iba a incautar de información confidencial, la realidad es que se ha borrado la misma del móvil del investigado".
