El Govern y la compañía alcanzan un acuerdo para zanjar la reclamación de la sociedad por impagos en 2021 que da oxígeno a las defensas de la causa penal que investiga la sobrefacturación en 2020
La jueza frenó los pinchazos telefónicos a la cúpula de los Bomberos al descartar mordidas en los contratos
La Generalitat de Catalunya y la empresa Iturri, investigada por presunto fraude en la reparación de vehículos de Bomberos, han llegado a un acuerdo por el que la administración catalana ha abonado casi 2,1 millones de euros por impagos de trabajos prestados entre abril de 2021 y junio de 2022. Este fue el periodo en el que la empresa siguió reparando camiones bajo condiciones de servicios mínimos tras la resolución del contrato de mantenimiento coincidiendo con el inicio de las sospechas de sobrefacturación en el año anterior.
Tal y como consta en la documentación obtenida por elDiario.es, el acuerdo entre las partes se produjo en la jurisdicción contencioso-administrativa y no en la causa penal en la que permanece imputada Iturri y varios cargos de los Bomberos catalanes. En este caso, la Generalitat ejerce de acusación junto a la Fiscalía Anticorrupción por un presunto fraude relativo a la facturación de Iturri entre 2020 y marzo de 2021. En su informe final, adelantado por el diario ARA, los Mossos han concluido que Iturri cobró un “sobrecoste” a los Bomberos.
El acuerdo en la vía contenciosa, sin embargo, ha supuesto un balón de oxígeno inesperado para las defensas de los cargos de Iturri y de los Bomberos investigados en la causa penal. La empresa ya ha registrado un escrito ante la jueza en el que anticipa su intención de solicitar el archivo del caso al aducir que la auditoría que ha conducido al acuerdo con la Generalitat muestra que los trabajos fueron “efectivamente realizados”, en contra de lo mantenido por la Fiscalía.
El caso se remonta a abril del 2021, cuando el jefe del servicio técnico de los Bomberos informó de que el contrato con la empresa Iturri para el mantenimiento de la flota de camiones ya no disponía de saldo. La sobrefacturación posterior del servicio, según han explicado varios testigos e investigados del caso, fue algo habitual durante la década en la que Iturri había ido ganando los contratos de mantenimiento de los vehículos de Bomberos.
Al menos desde 2014 hasta 2021, el dinero que entregaba la Generalitat a Iturri tras formalizar el contrato era insuficiente, por lo que se recurrió a una figura legal excepcional llamada mecanismo de reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar las reparaciones una vez se terminaba el dinero. El gasto extraordinario no lo decidía el departamento de Interior, sino que debido a su excepcionalidad lo aprobaba el Consell Executiu del Govern.
En 2021, el conseller de Interior del Govern en funciones de Junts, Miquel Sàmper (ahora titular de Empresa en el Ejecutivo de Salvador Illa) decidió llevar el caso ante Fiscalía pocas semanas antes de su cese. Su sucesor, el republicano Joan Ignasi Elena, apartó a la empresa y resolvió el contrato que mantenía la Generalitat con la empresa coincidiendo con la apertura de la causa penal en noviembre de 2021.
Debido al carácter esencial del servicio prestado por Iturri, la empresa siguió realizando las labores de mantenimiento de la envejecida flota de vehículos de Bomberos de la Generalitat hasta el 30 de junio de 2022, cuando tres nuevas empresas pasaron a prestar los servicios.
En la causa que se sigue en el juzgado de instrucción 14 de Barcelona, según fuentes del caso, se está a la espera de un informe pericial que ratifique la sobrefacturación que detectó la Fiscalía tras una denuncia de la conselleria de Interior, por entonces en manos de Junts y de Miquel Sàmper.
Según Anticorrupción, el importe facturado por Iturri a la Generalitat en el primer trimestre de 2021 por trabajos realizados en 2020 ascendió a 1,9 millones, cuando en realidad las reparaciones solo costaron 575.017 euros.
Tras intentarlo sin éxito ante la propia administración, Iturri decidió acudir a los tribunales en 2023 para reclamar los impagos de la Generalitat entre abril de 2021 y junio de 2022, periodo en el que hubo dos prórrogas forzosas del contrato de mantenimiento. Según su demanda, la cantidad que le debía la Generalitat ascendía a 2,3 millones de euros, de los que finalmente se han abonado 2,1.
En conjunto, según detalla el letrado de Iturri, el primer pago por 1,2 millones de euros correspondiente al periodo entre abril y octubre de 2021 se produjo tras una auditoría de la Generalitat que validó las facturas tras constatar que no había “diferencias significativas” entre el trabajo facturado y realizado. En el segundo periodo de prórroga forzosa (entre noviembre de 2021 y junio de 2022, el pago asciende a 959.093,21 euros y también fue “abonado” por la Generalitat y “aceptado” por Iturri tras una “verificación” externa.
El 23 de mayo de 2024, con el Govern de ERC ya en funciones, la Generalitat e Iturri solicitaron la suspensión del procedimiento contencioso para negociar y llegar a un acuerdo extrajudicial, que se comunicó al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el pasado 1 de octubre. El pacto implica que la Generalitat reconoce y abona casi un millón de euros por los trabajos prestados pero no cobrados durante el periodo de prórroga forzosa.
El acuerdo entre Generalitat e Iturri en la vía contenciosa se produjo tras una auditoría sobre los servicios prestados por la empresa durante el periodo de prórroga forzosa. La empresa pretende que ese dictamen también sirva para desactivar la causa penal, donde todavía está pendiente de certificar pericialmente el presunto fraude de 2020 y el primer trimestre de 2021. De hecho, Iturri lo aportó a la causa penal el pasado 9 de octubre, solo ocho días después de cerrarse el procedimiento contencioso.
Según expone la defensa de Iturri, las facturas bajo lupa tanto en la causa penal como en la contenciosa “fueron emitidas bajo idénticos procedimientos y protocolos de verificación”. En suma, lo que ha valido para zanjar la reclamación de 2021 y 2022 también debe servir para poner fin a la causa penal por las facturas de 2020, a criterio de la empresa.
Los trabajos que se investigan en la causa penal, insiste Iturri, “se corresponden a servicios solicitados por los Bomberos y prestados efectivamente” por la empresa. La “verificación” mediante auditoría de la controversia por el agotamiento presupuestario del servicio y la sobrefacturación posterior, agrega Iturri, “ha sido aceptada” por la Generalitat en la causa contenciosa que se ha cerrado, pero lo mismo ocurrió con las facturas de 2020. “No puede considerarse una práctica inhabitual de la Generalitat”, zanja la empresa.
“El relato incriminatorio de la denuncia es radicalmente falso”, concluye Iturri para rebatir la “sólida corroboración” de las “irregularidades presupuestarias y contables” en la relación contractual entre la Generalitat y la empresa que constató la jueza, que sí ha descartado que la compañía pagara comisiones a algún funcionario o cargo político y que la Generalitat modificara los contratos de reparación de coches con el único objetivo de beneficiar a Iturri.
La causa judicial está abierta por los delitos de malversación, prevaricación, fraude en la contratación y falsificación de documento público. Durante este enero, desfilarán ante la magistrada varios testigos. Después la magistrada tendrá que decidir si archiva el caso o lo envía a juicio.
