El pasado viernes, el Ministerio de Trabajó acordó con UGT y CC.OO la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Se trata de una medida que afectará más de 12 millones de españoles y que supondrá un cambio en la vida de los ciudadanos.
Sin embargo, este acuerdo perseguido durante varios meses por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, trae consigo algunas medidas que pretenden mejorar la calidad de trabajo de los empleados, y que serán de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.
En este caso, una de las normativas implementadas es el derecho a la desconexión digital, una medida que a día de hoy pocas empresas cumplen y que, a partir de ahora, estarán obligadas a respetar si no quieren ser sancionadas.
El derecho a la desconexión digital es un derecho que tienen todos los españoles. Se recoge en el artículo 18 de la Constitución Española, limitando el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
Por su parte, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales asegura que la desconexión digital es una condición indispensable en las relaciones laborales, donde el trabajador tiene derecho a disfrutar de su descanso sin estar pendiente del teléfono.
Tras el acuerdo alcanzado entre sindicatos y Gobierno, la empresa no podrá comunicarse con el trabajador fuera de sus horas de trabajo. Además, el trabajador tendrá derecho a no estar localizable y no recibir llamadas o mensajes de clientes de la empresa.
Yolanda Díaz ha insistido mucho en esta desconexión digital de los trabajadores. La ministra se ha comprometido al cumplimiento de esta medida a través de un endurecimiento de las normas y de las sanciones para aquellas empresas que lo incumplan. Además, esta normativa también incluye las situaciones de teletrabajo.
El objetivo es garantizar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal de los trabajadores, y aquellas empresas que no cumplan con el acuerdo pactado, tendrán duras consecuencias. Según el sindicato USO, "es una medida de prevención de riesgos laborales, para frenar la sobrecarga mental que puede conllevar la falta de la desconexión del trabajo. La hiperconectividad y estar siempre pendiente y preocupado por el trabajo, puede conducir al estrés y la ansiedad. Una mejor administración del tiempo conduce a mayor motivación de los trabajadores y mejores resultados en cuanto a productividad y rendimiento".
Para conseguir que esta medida se aplique será necesario que el Consejo de Ministros conforme un texto oficial, que deberá ser enviado a las Cortes, donde los distintos Grupos Parlamentarios tendrán que decidir si apoyan la medida o no. Y es aquí donde reside el problema. Desde el comienzo de la legislatura, el Gobierno no cuenta con los apoyos suficientes, por lo que habrá que esperar para saber si su tramitación se complica o no.
En caso de conseguir los apoyos suficientes, el texto podría ser publicado en el Boletín Oficial del Estado a mediados de 2025, aunque el plazo para adaptar los convenios colectivos es hasta el 31 de diciembre de 2025. Una vez se encuentre dentro del BOE, los trabajadores españoles verán como su jornada laboral se ve reducida mientras que su salario se mantiene intacto.
Si una empresa obliga al trabajador a contestar fuera de su horario laboral, ese tiempo será computado como horas extra. Hay que recordar que el máximo de horas extra al año son 80. Partiendo de esa base, atender a mensajes del trabajo a través de medios digitales fuera de la jornada laboral ordinaria no solo puede suponer la realización de horas extra, sino también la vulneración del derecho del trabajador a la desconexión digital.
Si una empresa obliga a su trabajador a realiza horas extras, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica como infracción grave la trasgresión por parte de las empresas de la normativa en materia de jornada laboral, castigando estos incumplimientos con multas de hasta 7.500 euros.
