El problema de la vivienda sigue aumentando en España. Cada vez es más difícil ser propietario, el precio del alquiler sigue aumentando paulatinamente y emanciparse no es una tarea sencilla. De forma paralela, los casos de 'okupación' e 'inquiokupación' se multiplican día a día. Siguen apareciendo nuevos casos como el de Aketza en el País Vasco, que lleva dos años sin cobrar por alquilar su piso. Su 'inquiokupa' ha metido a toda su familia en la vivienda del propietario, que "está viviendo un infierno".
Más duradero es el caso de Kathy, que afirma que la inseguridad por la 'okupación' aumenta el miedo de los propietarios a alquilar y provoca que la oferta cada vez sea menor. Ella es una propietaria que lleva desde 2020 sin cobrar el alquiler y no puede expulsar a su 'inquiokupa' pese a tener sentencia firme del juzgado por el Real Decreto-ley 11/2020, que lo define como un "un maltrato psicológico sistemático": “No estamos protegidos ni los propietarios ni los inquilinos de bajos recursos". El futuro es incierto, pero se está decidiendo este mismo lunes.
Este Real Decreto impide el desahucio de personas en situación de vulnerabilidad y fue aprobado durante la pandemia. La última prórroga finaliza a finales de año, pero el Consejo de Ministros de este 23 de diciembre aprueba una prórroga por un año más tras el acuerdo entre Podemos y el Gobierno. Los morados fueron los que presionaron para la prórroga de este "escudo social", según definen este Real Decreto. Para poder ser efectiva esta prórroga, se necesita la mayoría en el Congreso, asunto que no está nada claro.
Si finalmente esta normativa sigue en vigor todo el 2025, el lanzamiento de hogares con personas en situación vulnerable no se podrá ejecutar pese a que haya sentencia en firme y estén cometiendo un delito de 'okupación'. Se votará de manera separada al resto de medidas sociales y el PNV ya ha avisado que votará en contra si no se modifica. Aitor Esteban, líder de la formación vasca entiende que fortalece a los 'inquiokupas'. No es la única ley respecto a los okupas que está en el aire.
El pasado mes de noviembre el Congreso aprobó tras el error de Bildu la reforma propuesta por el PNV para que los casos de allanamiento y usurpación de morada se añadan a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se juzguen por procedimientos abreviados, es decir, juicios rápidos. Esta enmienda fue vetada en el Senado y su aprobación está en el aire.
Las mayorías que hay en la Cámara Baja dificultan su aprobación. Además, el acuerdo entre Podemos y PSOE recoge también que en la próxima ley orgánica que llegue a la Cámara Baja incluirá una disposición que suprima la enmienda del PNV contra la 'okupación'. La idea es que en el decreto del lunes quede en suspenso y ya, posteriormente, mediante ley orgánica, quede derogada, es decir, las posibilidades de que haya juicios rápidos son mínimas.
Aitor Esteban mandó un mensaje hacia podemos en redes sociales sobre este tema: "Ione Belarra miente: la enmienda del PNV aprobada no es sobre desahucios, es sobre okupas. No afecta a la familia que no puede hacer frente al pago de su vivienda. Le afecta a aquel que delinque okupando una vivienda ajena. Podemos está a favor de la 'okupación', el PNV en contra".
En resumen, el acuerdo entre ambas formaciones dificulta la situación de los propietarios y su desalojo ya que se fortalece la situación de los inquiokupas y okupas para tratar de dar seguridad a las personas más vulnerables. Sin embargo, la entrada en vigor de manera definitiva no está clara hasta que el Congreso lo decida, más allá de los anuncios del Consejo de Ministros de este lunes.
