El investigador de CooperAcción José De Echave, analiza la gestión del Ministerio de Energía y Minas durante el 2024 y alerta las implicancias del avance de la minería ilegal en el Perú, que sigue acumulando poder económico y político. Acerca de la formulación de una Ley MAPE en el Congreso, señala la necesidad de revisar la política de concesiones mineras.
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-En el 2024, el sector de Energía y Minas tuvo dos gestiones a cargo de Rómulo Mucho y el titular del Minem actual, Jorge Montero. ¿cuál es el balance de las políticas en este rubro?
-Desde que asumió el ministro Mucho, el Minem ha estado orientado en sacar proyectos mineros controversiales como Tía María, Conga y otros más, sin trabajar las bases objetivas que explicaban la resistencia y la preocupación de la población. Además, el tema de la minería informal y abiertamente ilegal ha sido un conflicto predominante. Nosotros estamos diciendo Ya no solo son los conflictos con la gran minería, sino que cada vez hay mayor presencia de este tipo de minería acompañada de mucha tensión social, violencia e impactos. Es una actividad que genera ingresos para un sector importante de la población, pero al mismo tiempo, genera mucha tensión social en los territorios. Me da la sensación que de parte del gobierno no hay una idea clara de cómo enfrentar una situación de esta dimensión.
-Diversos especialistas sostienen que el Reinfo ha sido un fracaso. Sin embargo, el Congreso sigue ampliando su vigencia por seis meses más. ¿Cuál es su análisis en relación con este tema?
-Sin duda, el Reinfo no ha funcionado y ha fracasado. Pero, no hay que olvidarnos que este mecanismo se creó a inicios del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Desde entonces, hemos tenido siete presidentes y varios ministros de Energía y Minas. Los espacios democráticos se han reducido, hemos tenido pandemia y el Estado cada vez es más precario. En un contexto como este, cómo pudiésemos esperar que algo funcionase. Si uno revisa el presupuesto, cuánto se le dedicó a este tema. En el presupuesto del 2024, era el 0,03% de este. Más o menos, 20 millones para una economía que mueve US$10.000 millones. Entonces, sin recursos, sin voluntad política y sin políticas públicas, es bien difícil.
-¿Qué opina sobre la propuesta del Ejecutivo para la formalización de la minería artesanal y pequeña minería?
-Yo siento que la iniciativa del señor Rómulo Mucho, al margen de que se pueda evaluar qué cosas positivas tenía o no, era un saludo a la bandera, porque era impensable que un gobierno con estas características se enfrente a un problema así. Había propuestas como zonas especiales para minería, pero la pregunta es dónde. No se atacaba el problema del acaparamiento de concesiones, que es fundamental discutir en el país. Con los aliados que tiene la minería informal en el Congreso, han logrado lo que querían: seis meses más de ampliación y eso se seguirá extendiendo. En el fondo, lo único que están tratando estas centrales de mineros es una suerte de Reinfo permanente y abierto.
-Ahora, que hay una mesa de debate en el Congreso, ¿cuáles son los ejes centrales que debería contener una ley MAPE?
-A todos los actores habría que exigirles una diferencia entre la minería ilegal, que debería ser combatida, y la minería informal, que puede desarrollar actividades en zonas que no son prohibidas, pero que necesita cumplir ciertos requisitos. Lo que nos lleva discutir donde sí puede haber minería y dónde no, que tiene que ver con ordenamiento territorial. Segundo, el Estado tiene que estar presente en los territorios y para eso se necesita voluntad, recursos y capacidades. Tercero, debe haber un compromiso de herramientas para que este tipo de actividades se adecúen a ciertos estándares ambientales. Otro aspecto que me parece fundamental es revisar la política de concesiones mineras. Si son 20 millones de hectáreas concesionadas, dónde hay espacio para la pequeña minería. Sigue habiendo en el país una estrategia de acaparamiento de tierras a través de concesiones mineras.
-¿Cuánto dinero mueve la minería ilegal en nuestro país?
-En un informe, la Unidad de Inteligencia Financiera identificó todas las operaciones vinculadas a la minería ilegal y claramente, estamos hablando de una actividad que, entre mayo del 2023 y junio del 2024, mueve USS10.000 millones. Hay varias aproximaciones de cifras, pero lo más serio es lo de la UIF, que nos da una idea que el sector está moviendo entre USS.5.000 millones y USS10.000 millones.
-¿Cuáles son los factores que limitan que el Perú aproveche de mejor manera el alza de precios de metales?
-Bueno, yo creo que está vinculado a la crisis política, social y al deterioro del Estado peruano y de los espacios democráticos. Si uno revisa las épocas de bonanza económica del Perú, siempre han estado asociadas a periodos en el que los precios de nuestras exportaciones estaban en una situación inmejorable. Eso está ocurriendo hoy, donde los precios de exportaciones de minerales están en una buena situación, sin embargo, la economía no está en bonanza. Parece inaceptable que el Estado no pueda hacer una mayor captura de la renta minera, sabiendo que empresas productoras de cobre y oro, están teniendo ingresos nunca antes vistos.
