Dice Luis Planas, el ministro «sanchista» de Agricultura, Pesca y Alimentación, y su equipo compuesto por el subsecretario, Ernesto Abati-García Manso, del que depende el servicio de estadísticas, y el máximo responsable de este último, que responde al nombre de Andrés Escudero Población, que el año que está a punto de terminar ha sido muy bueno para el campo español. Esa es la conclusión que se puede extraer después de leer su nota sobre la primera estimación de renta agraria por ocupado, que subiría en 2024 el 12,6 por ciento, nada más y nada menos, en términos corrientes hasta situarse en 45.890 euros. Este dato sería el resultado de un aumento del valor de la producción agraria, el descenso de los costes de producción considerados en su conjunto, así como de una bajada del número de activos en el campo. Dicho de otra manera, por obra gracia de Planas y su banda, hay más tarta para repartir entre menos comensales, por lo que estos últimos tocan a más.
Y no es la primera vez que esto sucede, porque ya el año pasado se registró una situación similar. Así, de acuerdo con la última estimación hecha por los servicios de Estadística del Ministerio de Agricultura, que puede considerase definitiva, en 2023 se registró un subidón de la renta agraria por ocupado del 19,6 por ciento, lo que da en dos años una cantidad total del 32,2 por ciento, pendiente de depurar eso sí la cifra correspondiente a 2024. Este balance sin embargo no se nota a pie de campo, o por lo menos los agricultores y ganaderos no lo perciben así. La prueba evidente de ello es el malestar existente que se expresó a principios de año en la mayor y más importante oleada de protestas en España en lo que va de este siglo. Decían en enero, febrero y marzo, las plataformas independientes que iniciaron las movilizaciones, y las organizaciones agrarias que las continuaron, que una parte importante de las explotaciones no eran rentables, que los precios eran bajos, que los costes de producción eran elevados y que, además, tenían que hacer frente a la entrada de productos agrarios de terceros países, en los que no se respetan las mismas normas que se exigen a los agricultores y ganaderos comunitarios, lo que impide hacer frente a esta competencia desleal. Diez meses después de aquello, estas mismas quejas se mantienen, si se analiza la tabla reivindicativa que presentaron las organizaciones agrarias ASAJA y UPA, que convocaron una concentración de protesta el lunes ante la sede del Ministerio de Agricultura.
¿En qué se basan Planas y su banda para dar esos resultados en 2024? Pues dicen que los activos en el campo habrían caído este año el 1,5 por ciento respecto a 2023, situándose en 822.800 ocupados a tiempo completo. Por otro lado, sostienen que el valor de las producciones vegetales habría aumentado el 4,3 por ciento debido a una subida generalizada de las cantidades producidas, que, en determinados sectores, compensaría la bajada de los precios, de la que solo se libraron el vino y el aceite de oliva. En el caso de las producciones ganaderas, su valor en conjunto habría bajado el 1,3 por ciento debido a una caída de los precios frente a un volumen de producción estable; no obstante, hay diferencias entre los distintos subsectores, ya que las cotizaciones del vacuno y del ovino-caprino han subido más del 10 por ciento, respecto al año anterior, mientras que el porcino blanco, la leche y los huevos han bajado.
Y ¿qué dicen las organizaciones agrarias al respecto? Pues la verdad es que ni cuando aparecieron los datos de 2023 ni esta semana con la publicación de los correspondientes al actual, han prestado mucha atención al asunto, permitiendo así que el ministro sanchista de Agricultura y su banda trasmitan al conjunto de la sociedad que los agricultores y ganaderos se están «forrando» y son culpables en gran parte de la subida del componente alimentación del Índice de Precios al Consumo (IPC) durante los dos últimos años. Y ahora viene la gran pregunta: ¿reaccionarán en esta ocasión y pedirán explicaciones de cómo se realizan estas estadísticas y otras que salen del servicio correspondiente? Cuando pasen las vacaciones navideñas lo podremos comprobar. De momento lo que manda son esas cifras del Ministerio de Agricultura: la renta agraria por ocupado ha subido en dos años más del 32 por ciento. Ni más, ni menos. ¿Es eso creíble?
