Fernando Sandí, presidente del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), afirmó que el modelo de negocios de esta empresa pública no funciona y ni siquiera los recortes de personal garantizan su sostenibilidad económica, por lo que espera que el gobierno decida el futuro de la institución. En su criterio, es necesario que el Ministerio de Hacienda le aporte más recursos y que la Asamblea Legislativa apruebe dos reformas legales, si se quiere mantener la operación.
Sandí dijo que los recortes presupuestarios aplicados por el Gobierno dejan al Sinart en una situación financiera compleja. Por ello, preparó un estudio técnico que explica la situación financiera y estructural de la institución, así como algunas recomendaciones para la toma de decisiones al respecto.
“A partir de ese documento, yo espero que el Consejo de Gobierno, que es el máximo accionista del Sinart, decida qué se hace con la institución. Se necesitan una mayor capitalización por parte de Hacienda y reformas legales importantes. La ley de Sinart fue creada hace 21 años con una muy buena intención, pero muy mal redactada. Y eso no es nuevo, el Sinart tiene seis años consecutivos de estar perdiendo plata, porque el modelo de negocio es muy malo”, concluyó el entrevistado.
Sobre los cambios legales, el primero está relacionada con el inciso C del artículo 19 de la Ley Orgánica de la institución, que ordena a las instituciones públicas pautar al menos el 10% de sus recursos de publicidad en el Sinart.
Sandí afirmó que, según un criterio emitido por la Contraloría, ese 10% de recursos de publicidad está sujetos a la Ley General de Contratación Pública. Esto significa que las instituciones no pueden girar el dinero al Sinart de forma automática, sino que deben haber estudios de mercado para determinar si es una buena opción pautar en la empresa pública de medios.
En el pasado, la contralora Marta Acosta explicó que la entrega del 10% debe originarse en una necesidad, la cual debe quedar plasmada en un plan de medios. Igualmente, su ejecución debe estar definida en una relación contractual y cumplir con “las condiciones del proceso que se seleccione”.
“Nosotros no compartimos ese criterio. La Contraloría dice que hay que hacer estudios de mercado para determinar si es una buena opción pautar ese 10% en el Sinart, pero obviamente si a mí me dicen ‘¿quiere poner la pauta en canal 13 o canal 7?’, yo siendo gerente de mercadeo de una institución posiblemente voy a optar por aquel que tenga más audiencia, cuando el objetivo del Sinart no es un tema de audiencias, sino de servicio público”, argumentó Sandí.
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Desde el punto de vista del presidente ejecutivo del Sinart, una segunda modificación de ley está relacionada con la aplicación de la Ley de Contratación Pública sobre esa empresa estatal.
Sandí explicó que la agencia de publicidad del Sinart, conocida com RTN Publicidad, tuvo una caída en sus ingresos desde que se empezó a aplicar esa ley, en diciembre del 2022.
“Con la Ley de Contratación, usted solo puede subcontratar el 30% de los servicios, y el 70% de los servicios los tiene que hacer usted a lo interno. Ninguna agencia del país hace eso. Eso deja a RTN Publicidad en una gran desventaja”, explicó el jerarca.
El presidente de Sinart prevé realizar 23 despidos más para alcanzar el número ideal de empleados, que es de 120. Según explicó, esta medida no garantiza la estabilidad financiera a largo plazo, ya que es necesario reformas varias leyes.
Según el jerarca, cuando él asumió el cargo, en marzo del 2023, la institución tenía 202 funcionarios y hoy la cifra es de 143. La empresa pública empezó a rebajar la masa salarial con la ayuda de un presupuesto de ¢938 millones para liquidar personal.
Sandí explicó que los fondos se utilizaron para pagar la liquidación de 19 empleados que fueron despedidos el miércoles 18 de diciembre. La medida afectó a ocho choferes, nueve secretarias, un mensajero, y la encargada de la caja chica de la Tesorería.
Asimismo, los fondos permitieron pagar el término de contrato laboral por mutuo acuerdo de 18 personas más. La institución se enfocó en llegar a un arreglo con los empleados que tuvieran salarios compuestos (base más pluses), y los trabajadores que tuvieran plazas que se pudieran eliminar.
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“Estamos incentivando que más gente termine el contrato por mutuo acuerdo, porque ese presupuesto se vence este 31 de diciembre. Nosotros el otro año podemos pedir nuevamente a la Contraloría que nos autorice a utilizar ese presupuesto para el mismo fin, pero involucra un proceso que no sabemos cuánto va a durar. Mientras nos aprueban de nuevo el uso de esos fondos, pueden pasar tres o cuatro meses; no sabemos”, explicó Sandí a La Nación.
La administración del Sinart coordinó con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para mantener abiertas algunas oficinas, de manera que, en caso de que algún empleado desee terminar el contrato por mutuo acuerdo, las negociaciones se pueda concluir antes del 31 de diciembre.
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