Ad portas del último año de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, el Ministerio del Medio Ambiente ha intensificado las acciones para definir las áreas protegidas del Salar de Atacama, que implica la creación de una Red de Salares Protegidos, seis de los cuales se encuentran en territorio ancestral de la Comunidad Atacameña de Socaire (CAS).
Si bien la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó la importancia y necesidad de “recoger la voz, las experiencias, los saberes de los pueblos indígenas que ancestralmente han estado conviviendo en medio de territorios y áreas de conservación de la biodiversidad, para revisar la forma de vincularlos en la gestión de estas áreas protegidas”, lo cierto es que, según la Comunidad Atacameña de Socaire (CAS), el diálogo no ha fluido como esperaban puesto que, “no se observa de parte de las autoridades la voluntad política para resguardar nuestros derechos patrimoniales y ancestrales reconocidos en la ley”.
Esta declaración surge desde la incompatibilidad entre la forma en que se está implementando la Red de Salares Protegidos al alero de la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y la Ley Indígena, en cuanto esta última establece el deber del Estado de sanear o restituir los títulos de las tierras indígenas, en especial, las atacameñas, mientras que con la implementación de red el Ministerio del Medio Ambiente definió dichas áreas como bienes del fisco.
Ante esta situación, la presidenta de CAS, Sandra Cruz, explicó que “el territorio demandado ancestralmente por nuestra comunidad ha tenido diversos reconocimientos por el Estado, al menos en el año 90, en especial en el 1998, lo que además fue actualizado el año pasado”.
“Ahora lo que corresponde es el saneamiento y restitución de los territorios y que, posteriormente, sean declaradas áreas protegidas, cumpliéndose tanto con la obligación legal como con el objetivo de protección ambiental. Sin embargo, el Gobierno no ha tenido la voluntad de sanear esos títulos, sino que solo nos ha autorizado el uso de tierras mediante concesiones temporales y, ahora, con la implementación de la Red de Salares Protegidos se nos exige que renunciemos a nuestros derechos territoriales ancestrales”, enfatizó.
Salar de Atacama. Foto: Comunidad Atacameña de Socaire
Los territorios en cuestión corresponden al Salar de Capur, Salar de Aguas Calientes 3, Salar de Talar, Laguna Tuyajto, Salar El Laco, y una zona del Salar de Atacama dentro del territorio comunitario. Todos corresponden a sitios significativos para la comunidad de Socaire.
“Como comunidad valoramos el concepto de la protección y hemos manifestado a las autoridades de medioambiente nuestra disposición a colaborar, pero necesitamos el compromiso del Gobierno para que se avance de forma efectiva y expedita con el saneamiento de títulos en territorio ancestral de la comunidad, particularmente, en zonas relevantes. Por ejemplo, en los sectores aledaños a Aguas Calientes 3 y el Salar El Laco, que tienen un importante uso turístico y de actividades tradicionales para la comunidad, pero solo hemos recibido negativas”, recalcó Cruz.
Asimismo, señaló que internamente están trabajando en una propuesta de criterios y lineamientos para atender la solicitud de cooperación frente al proceso de elaboración de los Informes Técnicos Justificatorios que llevará adelante el ministerio para definir las áreas protegidas.
Cabe destacar el histórico y permanente compromiso de los pueblos originarios con la protección y conservación de los ecosistemas, lo que implica que en ningún caso esta demanda va en contra de la Red de Salares Protegidos, mensaje que ha sido muy enfático desde la Comunidad Atacameña de Socaire.
