Las máquinas de lectura digital de pasaportes en el aeropuerto Jorge Chávez no funcionan. Nadie se queja y nadie sabe cuándo van a funcionar. “Cuando se mude el aeropuerto en enero”, es lo que dicen si pides una explicación a la salida del país. Al retorno, todo sigue igual. Miles de dólares tirados al tacho, dejando expuestas unas máquinas que son un homenaje a la incompetencia. Pero eso no es todo. La mayoría de los peruanos que han obtenido un pasaporte en los últimos tres años ha tenido que pagar una coima. Se supone que hay un sistema de citas por web. Nunca hay, salvo un masivo escándalo público como el que me tocó liderar hace unos meses. Las “abren” por unas horas y luego no existen. Pero si le pagas 200 soles a un tramitador la tienes disponible. ¿Quién se queja? Pocos. “Paga nomás” es el mensaje.
La Superintendencia de Migraciones funcionó, hasta la pandemia, con absoluta eficiencia. Sin cita alguna, sacar un pasaporte no duraba más de tres horas. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se destruyó? ¿Por qué no puede volver a lo que fue en febrero del 2020? Tomo este pequeño ejemplo para graficar lo que pasa hoy con el Estado peruano. El Gobierno de Castillo y Boluarte, esa dupla de Perú Libre, ha sido catastrófico para todos los servicios públicos. El deterioro de la administración de servicios básicos (salud, educación, justicia, seguridad) y el impacto que tiene en la vida de los ciudadanos no tienen explicación más allá de dos factores que recorren transversalmente el Gobierno y todos los niveles subnacionales: incompetencia y corrupción, ese combo letal que se ha instalado para quedarse. Los mejores cuadros se fueron y el clientelismo llena sus lugares.
Entonces, ¿puede extrañar una red de prostitución en el Congreso? No. El deterioro de la administración pública es de tal dimensión que pocos pueden dudar de la verosimilitud de la noticia. Es decir, de increíble no tiene nada. En el Perú es perfectamente creíble que el Congreso contrate meretrices y las haga pasar por asesoras. Si a esta desgracia se unen unos niveles de violencia criminal nunca antes vistos, ya a nadie asombra que a una abogada despedida del Congreso en setiembre le dispararan 40 balazos un par de sicarios, mataran al chofer del taxi en el que viajaba y la dejaran en una agonía de una semana que la condujo a la muerte. La fallecida, según la denuncia, tenía una vinculación con la red de prostitución, como la tiene su exjefe, el que, por supuesto, niega todo, pero sabe mucho.
La red de prostitución hace sentido si se analizan las barbaridades que aprueba el Congreso. Ha sido el presidente de la Comisión de Fiscalización el que presentó esta semana la hipótesis de un intercambio de sexo por votos. El debe saber de qué habla. Nosotros solo vemos un lado, el del resultado. ¿Cómo te vuelas la detención preliminar? ¿Cómo abrevias los plazos de prescripción? ¿Cómo exoneras a los partidos políticos de responsabilidad penal? ¿Cómo restringes la colaboración eficaz, el tipo penal de criminalidad organizada o la extinción de dominio? Son vulneraciones de la persecución del crimen muy gruesas, demasiado grotescas para alcanzar las altas votaciones que tienen. El interés particular es una de las explicaciones más evidentes, pero podría no ser la única.
Sexo y poder, ese es el combinado que hace sentirse grandes a hombres muy pequeños. Ya lo decía Vladimiro Montesinos en uno de esos vladivideos olvidados sobre las tres formas de comprar voluntades: dales poder, dales dinero y dales sexo. De todo esto, ya hay su porción en el actual Parlamento. Ya hay un congresista preso por violar en su oficina a una trabajadora, ya hay una docena de congresistas imputados por concusión (mochasueldos), ya hay decenas imputados por otros delitos, pero el poder de abusar lo siguen ejerciendo.
La respuesta del Congreso frente a tamaño escándalo está, como siempre, a su altura. Es decir, bien abajo. APP, el mismo partido que controla la Presidencia del Congreso y fue responsable de la designación del principal sospechoso, es el encargado de investigar, a través de una comisión de la misma administración parlamentaria que ya controla. Mientras tanto, la noticia promete, en materia de proxenetismo, desplazar el caso Chibolín. El semanario Hildebrandt en sus trece ha dado cuenta de testimonios de trabajadores y chats que señalan que las reuniones entre funcionarios y prostitutas fueron en departamentos alquilados y se han publicado ya un par de direcciones. Se habla de fotos, que todavía no conocemos, pero todo se sabe, y pronto podrían estar circulando.
Si el sistema hace metástasis, la presidenta Boluarte delira. Afirma, sin prueba alguna, haber sido requerida de dinero (no dice cuánto) por “encuestadoras” (no dice cuáles) para cambiar sus cifras de aprobación popular. Tiene 3% y grita “pónganme cero cero, así estamos empatados y vamos a penales”. ¿Qué habrá querido decir? El cuento del pollo de Pedro Castillo era más claro. Salvo que eso de ir a penales sea una proyección a futuro y “penales” signifique establecimiento penitenciario.
Presidentes, congresistas, ministros, gobernadores y alcaldes que dicen y hacen disparates no son ninguna novedad en el Perú. Muchos nos han hecho reír. Pero estos, los de estos días, no son graciosos. Son, como las calles inseguras de Lima, violentos. Algunos tienen portátiles de ataque callejero y virtual. Otros usan el poder como cuchillo (como con los pases a retiro de la PNP o las FFAA). Otros más tienen redes sociales y medios de comunicación donde pueden filtrar hasta información de Sunat para amedrentar. Muchos tienen vínculos con economías criminales.
¿Y la sociedad dónde está? El año en que creció la pobreza creció el asesinato, creció la extorsión. ¿Dónde está el pueblo? El desánimo cunde y el año viene con pocos auspicios positivos. Salir de esto cada día cuesta más. Si no nos quejamos, nada va a cambiar. Ni siquiera la coima para conseguir un pasaporte, se supone que un derecho constitucional, va a desaparecer. Como siempre, todo depende de ustedes mismos para conseguir un cambio urgente. Ojalá llegue con este 2025.
