La empresa pública de vivienda que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no solo busca edificar, sino también comprar inmuebles vacíos o de fondos buitre para sacarlos al mercado a un precio menor. Una práctica novedosa, que llevará a cabo en zonas tensionadas, donde resulta más complicado edificar.
El Gobierno tiene planeado crear esta compañía con el fin de fomentar la construcción de viviendas disponibles, de forma que se reduzca la inflación del mercado, tanto inmobiliario como de alquiler. Según el plan del Ejecutivo, si consigue aumentar el parque público de vivienda disponible, podrá reducir la tendencia alcista de los precios.
La vivienda es la principal preocupación de los españoles, según el barómetro del CIS publicado este jueves. Y en el Gobierno consideran que se ha convertido en el gran reto de esta mandato. Sin embargo, las medidas implementadas hasta ahora no están dando resultado. Los propietarios no bajan los precios, y los salarios no son suficientemente altos para poder afrontarlos.
“Da igual cuánto subamos el SMI: la vivienda lo engulle”, afirman fuentes del Ministerio de Trabajo.
Asimismo, en el Ministerio de Vivienda lamentan que no están consiguiendo difundir las bonificaciones del 90% que obtienen los caseros si rebajan su alquiler.
Desde Sumar se empeñan en dirigir las medidas hacia los propietarios, mientras que el ala socialista del Gobierno opta por medidas que no sean punitivas, pero más allá de las tiranteces, han impulsado medidas de una y otra índole que no están resultando eficaces, concluyen.
De ahí que el presidente, Pedro Sánchez, aprovechara el evento socialista más importante del año, el 41 Congreso Federal, para anunciar a bombo y platillo la creación de una empresa pública de vivienda para construir y ampliar las propiedades de protección oficial.
El principal objetivo del Gobierno es aumentar el parque público. La inflación en las grandes urbes ha llegado a tal punto que en el Ejecutivo consideran que la única manera de bajar los precios, a largo plazo, es aumentando las propiedades del Estado.
La meta es llegar al 20% en los próximos tres años que quedan de legislatura. No obstante, desde Sumar temen que se haya llegado tarde: ven más que difícil poner en marcha la compañía e incrementar sus propiedades hasta alcanzar ese 20% de todo el mercado.
En el Ejecutivo calculan que, si consiguen llegar a esta cifra, podrán ofrecer inmuebles abundantes a un precio mucho más asequible que el actual y, con ello, forzar al resto de propietarios a bajar los alquileres, en una burbuja que está asfixiando principalmente a los más jóvenes.
Según datos de Eurostat, España es uno de los países a la cola en edad de emancipación, superando los 30 años de media.
La empresa pública pretende operar fundamentalmente en lo que se denominan “zonas tensionadas” según la ley de Vivienda aprobada en 2023.
Se trata de las grandes urbes: Barcelona y Madrid son, de largo, las ciudades donde el precio de la vivienda más se ha disparado, si bien la inflación afecta a todas las capitales de provincia.
Dado que la demanda se sitúa en zonas especialmente concurridas, en el Gobierno han deducido que construir en ellas no parece sencillo, ni es la opción más rápida. Tardarían muchos años en conseguir ese 20% de parque público si se centran solo en construir. Por eso, también comprarán viviendas que ya existen y que se encuentran vacías o en manos de fondos.
Este plan permitiría un beneficio doble: aumentar los inmuebles de propiedad pública en zonas con el mercado más inflado —en las que resulta más complicado construir— y hacerlo de una manera mucho más ágil que edificando desde cero.
Sin embargo, la compañía pública tiene un inconveniente: debe contar con el visto bueno de las autonomías y los municipios para comenzar cualquier construcción. Todas las regiones han asumido dichas competencias, como permite el artículo 148 de la Constitución.
La responsabilidad, por tanto, se encuentra transferida. Para utilizar el suelo, la obra pública debe tener el aval de los territorios, y no podrán edificar sin la autorización de las administraciones locales.
Se trata de una condición que complica los planes del Ejecutivo, dado que la mayoría de las regiones están gobernadas por el Partido Popular. Distintos territorios populares aseguran a ECD que desconocen los planes del Gobierno y si tratará de saltarse la autorización de las comunidades, pero insisten en que las competencias no pertenecen al Ejecutivo central.
