Diputados y diputadas de oposición condenaron la decisión de Kölbi, marca comercial del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y del Banco Popular de Costa Rica de retirar su pauta publicitaria del programa El Chinamo de Teletica, canal 7, debido a los contenidos críticos del segmento El Chinaoke.
Ante consultas de La Nación, congresistas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Liberación Nacional (PLN), y Frente Amplio (FA) criticaron la decisión de la empresa estatal y la entidad bancaria, al considerar que constituyen actos de represión, censura y una amenaza contra la libertad de expresión de la televisora. La diputada independiente Kattia Cambronero también recurrió a redes para reprochar la decisión del Banco Popular.
Por su parte, la jefa de fracción oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, respaldó la decisión de ambas empresas y arguyó que, al ser instituciones autónomas, el Gobierno no tiene injerencia alguna en el asunto.
El Chinaoke es una sátira crítica sobre temas de la realidad nacional. El formato utiliza parodias musicales cargadas de humor e ironía para desarrollar sus contenidos. En la presente temporada, los encargados del espacio han difundido seis emisiones que abordaron temas como el incremento de los homicidios, las largas esperas en los servicios de salud, el elevado costo de la vida, las deficiencias en el servicio del AyA, los problemas en el transporte público y una crítica a la frase de campaña de Rodrigo Chaves: “comerse la bronca”.
En un comunicado, Kölbi señaló el jueves que los contenidos del segmento “no se alinean con los valores de la marca” y agregó que evaluará la continuidad de su pauta en la televisora en general. Por su parte, el Banco Popular comunicó el viernes que, tras el “debate público” generado por los chinaokes, decidió retirar su publicidad del programa, excepto en la sección El Aguinaldazo.
Vanessa Castro, diputada del PUSC, calificó estas decisiones como “un acto de represión” propio del Gobierno. “Acá se está atentando contra un medio de comunicación y es el inicio de lo que podría venir. La represión que podría venir cuando no se diga y se haga lo que el Gobierno quiere”, advirtió.
Monserrat Ruiz, legisladora del PLN, acusó al Gobierno de utilizar la asignación de la pauta de instituciones estatales “para su propia agenda e intereses políticos”. Según la diputada verdiblanca, el retiro de la pauta representa otro intento de la Administración por vulnerar la libertad de expresión e intimidar a los medios de comunicación.
“(Es) una represalia económica porque no les gustó el contenido de un programa de televisión. Este contenido, que además es usual de todos los fines de año en la televisión nacional y que es creado por personas artistas, con expresiones culturales y mecanismos de denuncia social. Intentar reprimirlo mediante este tipo de movimiento es inaceptable para cualquier democracia”, declaró Ruiz a este medio.
Ruiz destacó la necesidad de seguir los procedimientos estipulados en la legislación para asignar o retirar pautas publicitarias. Asimismo, subrayó la relevancia de determinar el origen de la orden que motivó el retiro de la pauta por parte de las entidades, advirtiendo que se “podría estar incurriendo en un exceso como funcionario público”.
Su compañera de bancada, Dinorah Barquero, también expresó su rechazo a la decisión de ambas entidades. En un comunicado divulgado este sábado, la congresista calificó el hecho como “inusitado” en la historia del país.
“Es preocupante que estas acciones formen parte de un patrón de amenazas y represalias tanto para opositores, como para medios y espacios considerados “hostiles” por el gobierno, como ya ocurrió anteriormente con el caso de Parque Viva y La Nación”, lee el texto del comunicado.
Barquero subrayó que no debe pasarse por alto que Rodrigo Chaves ha encabezado ataques “casi a diario” contra los medios que critican su estilo y algunas de sus decisiones. Además, advirtió que estos actos reflejan un “doble rasero” en el discurso del Gobierno respecto a la libertad de expresión, la libertad de prensa y la transparencia.
El diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, resaltó la esencia de los chinaokes, señalando que son espacios dedicados a la crítica social a través del humor popular. “No dejo de preguntarme si no se tratará una vez más, del Gobierno utilizando en este caso a Kölbi como arma de venganza porque no les gustaron los chinaokes, porque no les gusta la crítica social,” reflexionó.
El frenteamplista también calificó este tipo de decisiones como características de las figuras políticas autoritarias.
“Una cosa muy común de parte de los políticos autoritarios como Rodrigo Chaves es que la crítica social con humor popular les incomoda un montón, les frustra, les molesta muchísimo. No les gusta que exista humor con crítica social. Solo les gustan los aplausos, que les aplaudan, les aplaudan y les aplaudan, pero jamás quieren escuchar a la ciudadanía, al pueblo, referirse de manera crítica a sus acciones,” señaló.
La congresista independiente, Kattia Cambronero, también se sumó a los cuestionamientos y describió al Banco Popular como la “caja chica de la campaña de Chaves”.
La Nación envió solicitudes de reacciones oficiales a las bancadas del Partido Liberal Progresista (PLP) y Partido Nueva República (PNR). Al cierre de esta nota, no se han obtenido respuestas.
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Pilar Cisneros, jefa de fracción oficialista, afirmó que la bancada no emitirá una posición debido al receso legislativo. Sin embargo, a título personal, señaló que, al tratarse de instituciones autónomas, Kölbi y el Banco Popular no reciben órdenes del Gobierno de la República y tienen la facultad de retirar su pauta cuando lo consideren oportuno.
“Cada institución decide dónde, cuánto, cuándo y en qué programa pone la pauta. Ahora, si Kölbi y Banco Popular pautan en un programa que supuestamente está hecho de sano entretenimiento familiar y sacan una sección donde se burlan de la gente que ha sido víctima de la delincuencia, hacen una apología del delito y realmente ofenden a la gente que ha sido víctima de un sicario o un delincuente, ellos no tienen por qué asociar sus marcas, su nombre y su clientela a algo así.
“De manera que, así como tienen todo el derecho de pautar, tienen todo el derecho de quitar su pauta si consideran que el programa no se adapta o no refleja los intereses, la ideología y los valores y principios de la marca. Entonces, diay, así como pautan perfectamente pueden quitar la pauta, y creo que en este caso se amerita completamente”, concluyó Cisneros.
En su comunicado, Kölbi también argumentó que la empresa “se aleja de situaciones en las que se promueva o exponga violencia de forma implícita o explícita, discriminación, apología de la delincuencia o parodia del sufrimiento de víctimas”.
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra apología significa “discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza de alguien o algo”. Además, el citado segmento en realidad consiste en una sátira crítica sobre temas de la realidad nacional y utiliza parodias musicales cargadas de humor e ironía para desarrollar sus contenidos.
Por ello, desde la mañana del viernes, La Nación envió consultas al ICE para que explicara a qué se refiere cuando menciona el concepto de apología de la delincuencia. Aún no se ha obtenido respuesta.
Por su parte, en una entrevista publicada el viernes por Multimedios, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró que no sabía qué había ocurrido, pues estaba en una reunión atendiendo temas del sector pesquero.
“No sé exactamente qué pasó. He oído ruido. Yo estaba en reuniones, estaba en unas reuniones sobre el sector pesquero y me dicen que hay un tema ahí con, ni sé qué es, una cosa karaoke o algo así. Unos karaokes son. Entonces que hay temas de pautas, yo no sé. En este momento voy a ir a averiguar”, indicó.
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