A finales del 2023 escribí un artículo que publicó La Nación titulado: Deseos de Año Nuevo para nuestros jóvenes. Estos deseos respondían al evidente deterioro del bienestar de adolescentes y jóvenes de las últimas tres décadas y que se ha potenciado con la actual administración gubernamental. El primer deseo anhelaba que ningún adolescente o joven muriera por homicidio o suicidio y que no se conviertan en sicarios.
Sin embargo, sigue siendo una realidad que el 40% de quienes se quitaron la vida son personas menores de 30 años, el 85% son hombres y el mayor incremento en el pasado lustro se dio en jóvenes con edades entre los 15 y 24 años. Además, en el 2023, entre la población de 10 a 14 años los intentos de suicidio registraron una tasa de 80, y de los 15 a 19 años de 121 por 100.000 por habitantes, siendo las más alta de todos los grupos poblacionales.
Se suma a esta espiral de violencia, que 152 personas menores de edad murieron en la última década debido a ajustes de cuentas o venganzas, y que los delitos contra la vida cometidos por estos jóvenes pasaran de 496 casos en el 2019 a 1.004 en el 2023, un incremento del 102%.
Otras manifestaciones del impacto en la salud mental de esta población son los trastornos de la alimentación, tipo anorexia y bulimia, que el año pasado representaron 4.600 consultas. 3.950 fueron mujeres y 659 hombres. De ellos, el 95% tenían de 10 a 19 años.
Se agrega a este panorama el incremento en cantidad, intensidad y variabilidad del bullying. De acuerdo con el reconocido medio de comunicación Deutsche Welle, de Alemania, Costa Rica es el país del mundo que reporta más casos de bullying. Así lo señala un reportaje que publicaron en español, basado en el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) del 2022, que analiza 80 países. De acuerdo con el estudio, en Costa Rica, 44% de los estudiantes han sido víctimas de bullying en algún momento.
Como fenómenos multicausales, para todo lo anterior subyacen el narcotráfico, la violencia intrafamiliar, la expulsión escolar, la ausencia de oportunidades, la desigualdad y pobreza, el género y la depresión, que se conjugan para la explosiva violencia juvenil autoinfligida o contra terceros.
El segundo deseo era que el sistema escolar no expulse a adolescentes, particularmente a los más vulnerables, y se les brinde educación de calidad. Este deseo ha estado lejos de poder cumplirse. La realización de este deseo requiere el involucramiento de la sociedad y exigir, en primer lugar, el presupuesto del 8% del PIB que le corresponde a la educación. Sin embargo, para el 2025 será de apenas el 4,98%.
Además, sigue pendiente el reponer los rezagos educativos, ampliar la conectividad, detener la expulsión escolar, mejorar la infraestructura, evaluar y filtrar a los educadores, y mejorar las condiciones de los que son buenos profesionales en docencia.
¿Con un presupuesto reducido cómo podrá hacerse todo esto? No es casual, por lo tanto, que solo el 17% de los 450.000 estudiantes de primaria, en el 2023, recibieron la malla curricular completa; que 186.000 jóvenes ni estudian ni trabajan en Costa Rica (uno de cada cuatro entre personas de 15 a 24 años), que, de estos, unos 65.000 (35%) buscan empleo intensamente y no lo encuentran, siendo Costa Rica de los países de OCDE con más habitantes en esa condición. Y cierra este círculo perverso el que un 75% de las personas mayores de 25 años no concluyeron la secundaria, verdadera tragedia nacional.
Si el Estado no crea las condiciones para retener a niños y adolescentes en el sistema educativo y la pobreza se ensaña con el 40% de esta población, lejos estamos de resolver tan compleja situación.
Un tercer deseo es que niños y adolescentes sean sanos y lleguen a la adultez con calidad de vida. En este asunto en particular, la atención sanitaria de adolescentes y jóvenes es una de las paradojas y fracasos más grandes en el país.
A finales de la década de los ochenta se creó el Programa Nacional de Atención Integral en Salud Adolescente, con la decidida participación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud.
Fue pionero y modelo latinoamericano, y contó hasta con 100 clínicas para adolescentes en el territorio nacional. Por razones políticas se debilitó y en la actualidad sobrevive con recursos mínimos, con un impacto extremadamente limitado.
En vista de este panorama, la acumulación de problemas de salud física y mental desatendidos continúan creciendo, y la promoción y prevención, vitales para este grupo etario, desaparecieron.
Un informe reciente de la Auditoría Interna de la CCSS señala que desde junio del 2018 la Junta Directiva aprobó la Política Institucional de atención integral a la Adolescencia y que actualmente, no existe una implementación, ni una actualización que debió hacerse en el 2022 y en los años posteriores. Esa situación conlleva que a los adolescentes se les brinde servicios sin los criterios de calidad y oportunidad esperados.
Agrega el informe que se ha dado una inadecuada gestión del Programa de Atención Integral a Adolescentes (PAIA) y esto hace que las acciones ejecutadas no estén ajustadas a las condiciones actuales del entorno psicosocial de adolescentes, repercutiendo sobre su calidad de vida.
Lo esperable es un deterioro mayor de las condiciones sanitarias de quienes están por debajo de los 30 años y el incremento de enfermedades crónicas no transmisibles y mentales en todas las edades.
Finalmente, el último deseo era que existiera un vigoroso, efectivo y financiado sistema de protección nacional para las personas menores de edad. Particularmente las que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, liderado por el Patronato Nacional de la Infancia y con un activo Consejo de la Niñez y Adolescencia.
En este particular, es ampliamente conocida la limitación de recursos económicos y el sobrecargo de funciones de los profesionales del PANI, lo que restringe el rol protagónico que debería tener. Adicionalmente, el papel del Consejo es desteñido y de escaso impacto, lo que acentúa las limitaciones del sistema de protección.
Este repaso permite mostrar que, a pesar de estar ampliamente documentada las condiciones de desventaja de adolescentes y jóvenes, las respuestas institucionales están lejanas a las necesidades de esta población y continúan creciendo los problemas que los aquejan. Con el agravante que estamos hablando de los ciudadanos del hoy y del futuro, que tendrán que conducir un país envejecido y en un entorno social de altísima complejidad.
¿Qué tendrá que pasar para que como sociedad tengamos la capacidad de reaccionar?
Alberto Morales Bejarano es médico pediatra, fue fundador de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños y su director durante 30 años.
