El Gobierno gallego acaba de aprobar una norma que exige que los parques eólicos se repotencien cuando cumplan 25 años, otra medida que las patronales de la energía rechazan y califican de contraria a la Constitución
Rueda defiende el enésimo cambio en la ley eólica que da facilidades a empresas con permisos suspendidos por un juez
El tradicional entendimiento entre la Xunta de Galicia y las patronales de la energía se ha agrietado con la tramitación de los presupuestos de la comunidad para 2025. Los requisitos que el Gobierno gallego va a aplicar, sobre todo a la eólica, han abierto una lucha en la que los promotores empresariales acusan al equipo de Alfonso Rueda de ir incluso en contra de la Constitución y de estar empeorando el ambiente para la inversión. Los puntos de fricción se resumen en dos: la administración autonómica exige que los parques de aerogeneradores que cumplan 25 años afronten una repotenciación –es decir, instalar molinos que produzcan más energía por unidad, de forma que se reduzca el número de aerogeneradores en los montes– y establece también que los aprovechamientos eólicos e hidráulicos deberán vender al menos la mitad de su producción a ciudadanos y negocios gallegos.
El lunes, la víspera de que el Parlamento autonómico aprobase, solo con los votos del PP, los presupuestos para 2025 y su ley de acompañamiento, que es la que contiene estas novedades, un comunicado conjunto manifestaba la alineación de la Asociación Empresarial Eólica, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica y la Asociación de Empresas de Energías Renovables: “Medidas como las propuestas [por la Xunta] tendrán como consecuencia inevitable un aumento de la incertidumbre y la litigiosidad en el sector”. Todo ello, añaden va a provocar una ralentización que va a suponer un “perjuicio” para Galicia y para España. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, respondió con la advertencia de que la patronal debe mirar más allá de los beneficios: “Aparte de pensar en la cuenta de resultados, tiene que pensar también en los territorios”.
El desencuentro había empezado con la presentación del proyecto de presupuestos para 2025 en octubre. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, dijo que los planes de la Xunta prevén que en el próximo lustro habrá 100 parques, con unos 3.000 aerogeneradores en total, que van a cumplir 25 años y deberán hacer una repotenciación. Y que, en un plazo de ocho años, los molinos pasarán a ser unos 600, una reducción del 80%. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) calificó la fórmula de “errónea y perjudicial para los intereses de las empresas, la sociedad, la economía y la imagen de país”. “Choca frontalmente con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico existente”, enfatizó.
Ya en noviembre, Lorenzana compareció en el Parlamento para asegurar que se exigirá a los promotores que al menos la mitad de la energía se venda a consumidores locales. Esto se haría con acuerdos de venta de energía a largo plazo (PPA), que ofrecen precios más bajos, y afectará también a las nuevas concesiones hidráulicas. La Asociación Empresarial Eólica lo consideró una “expropiación de facto”.
El desencuentro entre la Xunta y las patronales de la energía fue interpretado por la líder de la oposición, Ana Pontón, como otra cosa: “Una campaña pactada para seguir engañando a la ciudadanía”. La postura del Gobierno gallego, razonó, es en realidad “acelerar el proceso de depredación” con otros puntos incluidos en la ley de acompañamiento, como la de permitir retramitar parques eólicos suspendidos. Los cambios recurrentes en la normativa eólica a través de la ley de acompañamiento también recibieron críticas del PSdeG. La diputada Patricia Iglesias habló de “política eólica Frankenstein”.
Tras el comunicado conjunto del lunes, Rueda aseguró que la postura de su Gobierno es que los recursos que se generan en Galicia deben tener beneficios para las empresas y los ciudadanos gallegos, en especial para quienes viven en los territorios en los que se instalan los aprovechamientos. Es la idea que la Xunta defiende que está detrás de la comercializadora público–privada anunciada el pasado septiembre. Eso lo dijo en referencia a la crítica de las patronales a que “la tramitación de proyectos eólicos e hidroeléctricos se verá facilitada si se vende determinada proporción de la energía a clientes radicados en Galicia”. En cuanto al otro punto de enfrentamiento, el de la repotenciación, el presidente gallego recalcó la cantidad de molinos que se podrían suprimir: “A veces la proporción es que, donde hay diez o doce, se pueden convertir en uno o dos”. Confía, añadió, en que la patronal entienda su postura, para la que promete “firmeza”. El jueves pasado Naturgy –integrada en la Asociación Empresarial Eólica– anunció, tras una visita de Rueda a la central hidroeléctrica de Belesar, en Chantada (Lugo), una inversión de 150 millones de euros para repotenciar tres parques eólicos.
Las patronales objetan que los parques de más de 25 años “funcionan con absolutas garantías” y que cerrar una instalación en buen estado “por una decisión administrativa” es una decisión “antieconómica y supone una seria distorsión de la competencia en el mercado”. Consideran también que es una medida retroactiva, de modo que “condiciona la autorización en su día otorgada”. Defienden que los operadores deben decidir sobre repotenciación “libremente”. La obligación de que promotores eólicos e hidráulicos vendan parte de su energía en Galicia la ven “contraria a derecho”: “Supone una distorsión competitiva y la fragmentación del mercado”. Y eso, añaden, “compromete los principios constitucionales en España, en particular el de unidad de mercado y de mercado único europeo”.
En el comunicado conjunto, las asociaciones insisten en que las nuevas medidas son “un golpe adicional al clima de inversión” en Galicia, con un eólico afectado por “una gran inseguridad jurídica por la suspensión de autorizaciones”. Se refieren a los ya más de 60 proyectos que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha paralizado cautelarmente por posibles daños ambientales irreparables. En esto, su postura sí converge con la de la Xunta. Los cambios criticados figuran en la Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos, en la que el Gobierno gallego acostumbra a incluir una retahíla de modificaciones de diferentes normas –en la de 2025, casi medio centenar de leyes–. Una de las habituales es la eólica y, en este caso, introduce otras novedades más favorables al sector, algunas de ellas a través de las enmiendas que ha presentado el grupo que sustenta el Gobierno, el PP: se podrán tramitar de nuevo parques eólicos parados judicialmente de manera simplificada.
Tanto el sector como la Xunta han repetido en los últimos meses que las decisiones judiciales están provocando una parálisis en el sector y han puesto el foco en los jueces. Expertos como la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Alba Nogueira, sin embargo, apuntan al “poco cuidado” del Gobierno gallego en la revisión ambiental y las asociaciones que están presentando recursos contra las autorizaciones aprecian también defectos y carencias en los estudios de impacto en el entorno. El riesgo para valores fundamentalmente naturales es lo que está detrás de las 62 suspensiones actuales. Además, hay otro aspecto que afecta a los permisos y que está pendiente de que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El Tribunal Superior de Galicia le planteó una triple cuestión prejudicial para que determine si la Xunta debía haber puesto a disposición del público interesado –y no solo de los promotores– todos los informes sectoriales sobre los parques para que tuviese posibilidad de presentar alegaciones antes de que fuesen aprobados.
