La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, confirma que se han establecido "criterios únicos" en la convocatoria de ayudas destinadas al cierre de invernaderos junto al Parque Nacional, y dotadas con 28 millones para las primeras 400 hectáreas
El Gobierno libra 28 millones en ayudas para los agricultores que cierren sus invernaderos junto a Doñana
El Ministerio de Transición Ecológica ha publicado este sábado la esperada orden que regula las bases para la concesión de las ayudas a los agricultores dueños de regadíos legales e ilegales en el entorno de Doñana, dotada con 28 millones de euros.
El departamento de Sara Aagesen ha establecido “criterios únicos” para optar a estas ayudas, es decir, el Gobierno pide los mismos requisitos a los agricultores que llevan años esquilmando agua del Parque Nacional que a los propietarios de fincas con permisos de riego.
Ambos podrán acogerse a estas ayudas millonarias -70.000 euros por hectárea- cuyo objetivo es “renaturalizar superficies agrarias” próximas a la reserva, esto es, permutar suelos de regadío -con o sin licencia- por tierras con otros usos, ya sean cultivos de secano o para la reconversión en áreas forestales.
La primera convocatoria de ayudas, que abre ahora un periodo de aleciones, puede beneficiar a 400 hectáreas de cultivo en el entorno de Doñana, confirman fuentes del Gobierno central. Es la superficie agraria para la que se han librado los primeros 28 millones de euros, pero el Ministerio tiene previsto sacar otras dos convocatorias hasta 2027, y ha dejado la puerta abierta a convocar más “si es necesario”.
La cantidad final dependerá de cuántos agricultores lo soliciten. Puede haber dueños de fincas de regadío con todos los papeles en orden que quieran jubilarse o que no tengan quién les sustituya en la explotación de sus tierras, y opten por acogerse al procedimiento de renaturalización, explican desde el departamento de Aagesen.
Cuando los agricultores interesados opten a estas ayudas y presenten su solicitud, se sabrá cuáles de esas 400 hectáreas de cultivo de riego son ilegales y cuántas son legales. “Los criterios de las bases son únicos”, ha confirmado la vicepresidenta a preguntas de este periódico, durante su comparecencia, este sábado, junto al presidente Juan Manuel Moreno en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta.
El hecho de que el Ministerio haya fijado un mismo criterio para ambos era una de las grandes incógnitas de las bases reguladoras de las ayudas. Hasta ahora se había trasladado la idea de que los agricultores ilegales -quienes llevaban años pirateando el acuífero del Parque Nacional- podían aspirar a las ayudas aunque estuvieran sancionados, siempre y cuando se encontraran en proceso de pago de las multas.
Los agricultores reclamaban al Gobierno y a la Junta que les adelantasen más cantidades y que los plazos de cobro fueran más cortos, en concreto, pedían garantías de que quien tuviera una sanción aún sin pagar pudiera recibir el dinero de las ayudas y reducir de diez a cinco los años para cobrar toda la subvención. También reclaman a los dos gobiernos una mesa de negociación exclusiva con ellos, al margen de alcaldes u otros colectivos con intereses en la zona.
El número total de hectáreas de suelo agrario en la Corona Norte de Doñana susceptibles de “renaturalizar” no está cuantificado, aunque esa superficie determinará el presupuesto total de las ayudas para los agricultores del entorno. La cifra definitiva debe aproximarse al total de hectáreas que iban a recalificarse como suelo de cultivo regable con la aprobación de la polémica ley de regadíos que PP y Vox llevaron al Parlamento, y que el pacto por Doñana suscrito hace un año entre el Gobierno y la Junta de Andalucía frenó en seco.
Esa cifra oscila entre las 1.400 y las 1.600 hectáreas, según los números que manejó la Junta, el PP y Vox durante la tramitación de la citada proposición de ley. El número más preciso lo dio el que fuera viceconsejero andaluz de Medio Ambiente, Sergio Arjona, en su intervención ante la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo, el 21 de abril de 2022.
Arjona defendió allí el proyecto de ley que se estaba tramitando para amnistiar regadíos ilegales en el entorno de Doñana, y detalló, por primera vez, que “de las 1.600 hectáreas que quedaron fuera del plan de ordenación de la Corona Norte de Doñana [el llamado Plan de la Fresa], se reconocería el derecho de aguas superficiales a 748 hectáreas”.
Si finalmente el plan para Doñana alcanza esa superficie, las ayudas a los agricultores que el Ministerio de Transición Ecológica ha previsto para las dos próximas convocatorias duplicarán los 28 millones de la primera tanda.
Aagasen visitó por primera vez el Parque Nacional el viernes y se reunió por la tarde con los 14 alcaldes de municipios onubenses afectados por el plan de Doñana. Este sábado ha comparecido en San Telmo junto a Moreno para visibilizar el buen entendimiento, la “lealtad institucional” y el diálogo entre dos gobiernos de signos políticos distintos -PSOE y PP- que han encontrado en Doñana una especie de zona desmilitarizada o de no agresión.
El presidente andaluz ha elogiado “el trabajo” del Ministerio de Transición Ecológia en el diseño de las ayudas a los agricultores, “de un nivel de audacia técnica elevada”, ha dicho. “No era fácil, atendiendo a la normativa europea. Las bases de las ayudas eran fundamentales para dar luz donde había sombra, para plantear cultivos con menos necesidad de agua”, ha subrayado Moreno.
La Junta tendrá ahora que sacar su propia convocatoria de ayudas a los agricultores, que “complementan” las del Ministerio, con una cuantía de hasta 30.000 euros por hectárea. El presidente prevé que esta línea de ayudas podría estar lista antes del verano de 2025.
El acuerdo entre Gobierno y Junta puso fin, hace un año, a una guerra durísima que libraron ambas administraciones a cuenta de la polémica ley para amnistiar regadíos ilegales en la Corona Norte de Doñana. La Comisión Europea, la Unesco y la comunidad científica se alinearon abiertamente en contra, Bruselas amenazó con multas millonarias a España, y la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se fajó personalmente para buscar un acuerdo que pasaba por la retirada de la polémica ley, cuando ya estaba en la fase final de la tramitación parlamentaria.
Moreno retiró el proyecto a cambio de un plan de inversión socieconómica para la zona, dotado de 1.400 millones de euros, 706 millones comprometidos por el Gobierno central y 728 millones por parte de la Junta (aunque la parte andaluza se nutrió de partidas presupuestarias que ya existían y estaban en ejecución).
El Gobierno de Pedro Sánchez implicó en el plan de Doñana a 12 ministerios. Transición Ecológica destina también 11,5 millones a “proyectos innovadores en el sector agrario, la ganadería o en el sector forestal”, unos trabajos para “mejorar las prácticas y conseguir un desarrollo muchísimo más sostenible del territorio”. Se trabajará, para ello, con universidades y centros de investigación que operarán desde el territorio.
Aagasen también ha hablado este sábado de otra línea de ayudas, enmarcadas en el Ministerio de Vivienda, para mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de los temporeros inmigrantes que trabajan en Huelva. “Buscamos propiciar unas condiciones dignas de trabajo”, ha dicho.
