Un grupo de jueces y juristas de prestigio de Balears señala que el parlamento que el monarca pronunciará el día 24 de diciembre puede ser un momento "muy adecuado" para anunciar tal renuncia, especialmente tras haber hecho referencia a la memoria democrática como "un pasado que no debe repetirse ni como caricatura"
Los jueces Castro e Yllanes instan al Gobierno a desclasificar los sondeos de Suárez a favor de la III República
Un grupo de jueces y juristas de prestigio de las Illes Balears, entre quienes se encuentran José Castro -conocido por dirigir la instrucción del caso Nóos- y Juan Pedro Yllanes -quien renunció a presidir el juicio contra Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina para acceder a la política de la mano de Podemos-, han remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que inste al rey Felipe VI a que durante su discurso de Navidad anuncie su renuncia a la inviolabilidad.
En la misiva, a la que ha tenido acceso elDiario.es, recuerdan que el 9 de mayo de 2022 “doña Carmen Calvo, en la actualidad presidenta del Consejo de Estado, informó de la gestión realizada para, sin reformar la Constitución, suprimir el privilegio que disfruta el jefe del Estado y que le permitiría cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia lo que, en su caso, podría provocar la indefensión de personas afectadas. Prueba de lo anterior es el informe que, dos meses antes, había emitido el fiscal general anticorrupción sobre ciertas actuaciones protagonizadas por el jefe del Estado anterior”.
La carta, adelantada por el diario local Última Hora, prosigue así: “Transcurridos más de dos años y medio desde que la señora Calvo informó del fracaso de aquella gestión, existe un amplio consenso sobre el peligro que corre la democracia. Por ello, quienes nos sumamos a este escrito consideramos que cualquier excepción que pueda cuestionar un fundamento de la democracia como lo es el de la igualdad de todos ante la ley, tal como lo puede entender cualquier persona y como, de hecho, aparece redactado en el artículo 14 de la Constitución, contribuye a potenciar las soluciones autoritarias y, por tanto, a debilitar la democracia.
Preocupados por el retraso que se viene produciendo en la adopción de una decisión política que establezca una interpretación de los artículos 56 y 64 de la Constitución que descarte cualquier apariencia de excepción respecto de lo establecido en el artículo 14 citado, le pedimos que, desde el Gobierno que preside, indique al jefe del Estado que renuncie expresa y públicamente al privilegio que también disfrutó Juan Carlos I.
Consideramos que el discurso que pronunciará el día 24 de diciembre puede ser un momento muy adecuado para anunciar tal renuncia, especialmente tras las celebradas palabras que pronunció el día 11 de este mismo mes en Italia, en las que hizo referencia a la 'memoria' como conciencia compartida en ambos países sobre 'un pasado que no debe repetirse ni como caricatura'“.
Cabe recordar que el mismo grupo de juristas remitió en enero de este año una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le reclaman que se desclasifique toda la información relativa a las encuestas que el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez habría encargado, varios años antes de la aprobación de la Constitución española, para conocer si la opinión pública, en el contexto de la Transición, prefería un Estado monárquico o republicano. Los sondeos daban la victoria a la proclamación de una nueva República en España, pero los pormenores que rodean a este asunto permanecen en el agujero negro de los secretos oficiales.
La confección y los resultados de tales encuestas había dormido el sueño de los justos durante varias décadas hasta que un 'desliz' del propio Suárez jugó en su contra. En una entrevista inédita que la periodista y biógrafa oficial de la Transición, Victoria Prego, realizó en 1995 al expolítico y que sería desvelada por La Sexta Columna en noviembre de 2016 -nada menos que 21 años después-, Suárez reconoció que, cuando en 1977 impulsó la Ley para la Reforma Política que eliminaría jurídicamente las estructuras del aparato franquista, introdujo en ella las palabras 'rey' y 'monarquía', con disposiciones como “el Rey sanciona y promulga las leyes” o “el Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey”.
“Metí la palabra rey y la palabra monarquía en la Ley y así dije que había sido sometido a referéndum ya”, justificó literalmente el expolítico, quien, de este modo, evitaba una consulta expresa sobre monarquía o república y se aseguraba la permanencia de la institución dinástica sin tan siquiera haber sido sometida a votación popular.
