El año acaba con dos hitos pendientes en la agenda del presidente del Gobierno y del expresidente de la Generalitat. Dos destinos unidos, y dos objetivos también paralelos. Todo está lleno de sombras, pero en el próximo ejercicio se aclararán algunas cuestiones que este año terminan escondidas bajo nubarrones. Pedro Sánchez tiene en su mano la posibilidad de volver a prorrogar los Presupuestos ya prorrogados, pero en su equipo pesa más la necesidad de dar un golpe a su rival, Alberto Núñez Feijóo, y colgarse la medalla de que han cogido impulso hasta 2027, fecha que tanto insiste en reivindicar el presidente del Gobierno. La prórroga sería signo de debilidad, y para conseguir evitarla tienen que resolver a su favor la negociación que mantienen abierta con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
Sánchez está empeñado en conseguir los Presupuestos, cuesten lo que cuesten, y mucho se habla de nuevas concesiones como el traspaso de competencias a Cataluña en materia de inmigración, la condonación de la deuda, la financiación, la ejecución de las inversiones presupuestadas y aún no cumplidas... Pero en este nuevo pulso, el último de entidad que puede jugar Puigdemont en esta legislatura, no habrá pacto, en ningún caso, sin que el independentista obligue al jefe del Ejecutivo a comerse el «sapo» de rendirle personalmente pleitesía y hacerse la foto con él. Por supuesto, también la quiere con el actual presidente de la Generalitat, con Salvador Illa –a quien no perdonan que no haya incluido a Puigdemont en la ronda de reuniones con los expresidentes catalanes.
Moncloa tiene que medir cuánto le compensa trasladar el mensaje de que ceden y ceden en otras cuestiones si no están dispuestos a pasar por este trágala –que parece que sí que aceptarían. Una vez que en el tema de la amnistía judicial Moncloa ya ha hecho prácticamente todo lo que estaba en su mano, lo que ahora se les exige es que visualicen también la amnistía política e institucional para quien sigue residiendo en Waterloo, pero ha salido del congreso de su partido con un liderazgo absolutamente indiscutido: por mucho que desde Madrid se esfuercen en dar aire a que dentro de Junts hay dos sectores, el radical, el del expresidente, y otro más pragmático y moderado que estaría cogiendo impulso para hacerle la zancadilla a Puigdemont. De momento, ante un Gobierno impulsivo y que improvisa su estrategia a golpe de titular y de amenaza de sus socios, lo que hoy hay encima de la mesa es la confirmación por parte de Moncloa de que no descartan que Sánchez pueda entrevistarse con Puigdemont en Bélgica. Suena a inverosímil, y exigiría el compromiso seguro de que Junts votará a favor de los Presupuestos, pero si este se obtuviera, y la firma final depende de la foto, parece indiscutible que la habrá. No importa el coste en clave de imagen pública ni tampoco de desgaste electoral porque este es un año sin urnas y el principio estratégico que rige en Moncloa es que hoy hay que ceder en lo que haga falta porque los ciudadanos se habrán olvidado de ello para cuando voten.
La hoja de ruta de Moncloa, sobre la que sostienen su posición optimista respecto a que Sánchez tiene tiempo de vida como presidente hasta 2027, necesita de unos Presupuestos y de esa rehabilitación política que Puigdemont ha puesto encima de la mesa. En esta ecuación, para que el plan pueda llegar a ejecutarse, Sánchez necesita, a su vez, de una amnistía judicial, y es ahí donde entra la campaña de ataques contra los jueces, en un doble intento de presionarles y de deslegitimarles en sus decisiones por ser «correa de transmisión de la derecha política que quiere derribar a la coalición».
Si para meter en vereda a Puigdemont el PSOE tiene algo más de un mes de plazo, el tiempo que falta hasta que la Mesa del Congreso debata la proposición no de ley presentada por Junts sobre la moción de confianza, en lo que tiene que ver con el problema judicial los tiempos son más largos, pero también por ello más dolorosos en términos de coste. Esto es lo que explica que Moncloa y Ferraz se hayan puesto a diseñar la gran conspiración contra la persona del líder socialista, como presunta víctima de la ultraderecha y del sectarismo de los satélites de esta.
Y por eso en estos días estamos viendo actuaciones, y escuchando declaraciones, por parte del Ejecutivo que en las propias filas socialistas jamás pensaron que fueran a venir de un Gobierno de su partido. El coro está muy armado y sincronizado, y es posible que, como ha ocurrido en otras ocasiones, pueda tener su efecto en un sector de la opinión pública. El problema que tienen en esta batalla es que ya no controlan lo que falta por saberse ni lo que cuente Aldama.
