Tras lo ocurrido en el estadio Víctor Jara donde se produjo una aglomeración de personas migrantes que confundió el proceso de enrolamiento con el de empadronamiento biométrico, la directora ejecutiva del Colectivo sin Fronteras, Patricia Loredo, abordó el estado de la regulación migratoria en Chile.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Loredo sostuvo que lo ocurrido en el estadio Víctor Jara “es un hecho más de una seguidilla de acontecimientos en distintos ámbitos que han tenido un abordaje totalmente erróneo“, pues es la gestión de las políticas públicas las que debe orientar a “promover procesos favorables”.
“Se ha producido una confusión por iniciativas que se dan sin una debida implementación y se ha jugado con las expectativas que se han ido generando frente a una promesa de regularización, que está siendo una necesidad cada vez más urgente para la sociedad en su conjunto, no solo para las familias migrantes”, añadió.
Para Loredo, esta confusión responde a una política que “tiene la temática de las migraciones más bien en un plano punitivo y que en general no se está abordando las migraciones desde una perspectiva de derechos y, en este caso, con la debida diligencia para poder llevar información certera”.
“Las personas migrantes que están en Chile en situación migratoria irregular son personas que tienen, en su gran mayoría, ánimo de quedarse. Entonces, de por sí ya están generándose distintas dinámicas de convivencia, de inserción económica, laboral, desde un contexto que no contribuye a la normalización de las relaciones dentro de una sociedad y un Estado. Con esto me refiero a que no es regular que las personas estén trabajando sin contrato, lo que finalmente está exponiendo al mercado laboral a dinámicas desreguladas, donde no existe una tranquilidad ni para los trabajadores ni para los empleadores, mucho menos para la economía del país donde buena parte de estos trabajadores no está imponiendo”, relevó.
Por otra parte, destacó que “desde la perspectiva que nosotros siempre hacemos énfasis que es relacionada a la niñez, la adolescencia, los hijos de estas personas migrantes también están viviendo en un ámbito de irregularidad porque están expuestos a una situación de precarización en, por ejemplo, el ámbito de la vivienda”.
Lo último, pensando en que diputados de oposición presentaron un proyecto para no permitir contratos de arriendo a personas migrantes en situación de irregularidad. “¿Qué va a pasar con todas estas personas? Que son más de 190 mil a las cuales se les va a prohibir que arrienden una vivienda. ¿Qué va a pasar con estos niños y niñas? ¿Dónde van a residir?”, cuestionó Loredo.
Para la directora ejecutiva del Colectivo Sin Fronteras, el actual tratamiento de las migraciones, especialmente de los sectores que rechazan la regularización migratoria, “niega todas estas urgencias de tener una relación económica, sociales, educativas, de vivienda, en condiciones regulares, que eso es lo que permite la regularización: normalizar la vida y la convivencia de las personas migrantes pero también de las comunidades que las acogen“.
“Chile ha sido uno de los pocos países en la región que no ha generado mecanismos de regularización especialmente frente a la crisis humanitaria que estamos viviendo en la región, a propósito de la migración venezolana. Lo ha hecho Perú, Brasil, Argentina, especialmente valorando el mérito que supone una crisis regional que no hemos vivido nosotros en nuestra historia, es una crisis excepcional, no es que vamos a vivir esta dimensión de migraciones de manera permanente en adelante como región, sino que hay una crisis severa, importante”, subrayó.
En ese sentido, indicó que “dimensionar que el proceso de migraciones para el caso chileno en particular es un proceso que en todos los ámbitos significa un aporte, pensar a Chile sin las personas migrantes, como en gran parte de los países, es una situación que se hace prácticamente inviable en términos económicos, políticos y culturales”.
En relación a la postura del Gobierno, Loredo declaró que “la evolución de las políticas durante este gobierno en distintos ámbitos han ido preocupándonos cada vez más, porque efectivamente habían ciertas expectativas en torno a un abordaje de distintas políticas especialmente en esta materia que esperábamos sea desde una perspectiva mucho más favorable, no solo en derechos humanos, sino con criterios hasta prácticos de lo que finalmente puede ser un aporte al desarrollo de Chile, de las comunidades y los territorios”.
“Creemos que en el contexto del país, en general, estamos viviendo un retroceso en esa perspectiva después de los últimos años en los que hubo una preocupación importante posterior a octubre del 2019 sobre temas sociales y derechos humanos, bueno, eso se ha ido perdiendo, especialmente en la migración”, finalizó.
