Recientemente, se realizaron las Conferencia de las Partes (más conocidas por sus siglas COP) de Biodiversidad, Cambio Climático y Desertificación: tres espacios de reunión entre Estados para abordar acciones conjuntas frente a la crisis climática que deben ser afrontadas a escala planetaria
La COP 16 de Biodiversidad fue la que atrajo más miradas de la prensa y los gobiernos, pues se realizó en Colombia, uno de los países que ha bregado sostenidamente por su protección, y que suscribe políticamente lo que sucesivos informes han descrito: las principales causas o “impulsores” de la pérdida de la biodiversidad son la forma en que producimos, consumimos y comercializamos bienes y servicios, directo al corazón del modelo de depredación.
Por primera vez, Chile contó con su propio pabellón en esta cita, lo que podría ser una clara señal del autoproclamado compromiso ecologista del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, pero, por desgracia, da cuenta de todo lo contrario. El montaje del Pabellón de Chile COP16 estuvo a cargo de Fundación Imagen de Chile, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la que derivaron consultas realizadas por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA vía ley de Transparencia, sobre por qué en los materiales oficiales de nuestro país aparecían logos de empresas.
Imagen de Chile, agencia que tiene a su cargo promover la “marca” país, nos respondió que para financiar el pabellón, el gobierno recurrió a “auspiciadores” transnacionales, específicamente a la línea aérea Latam y al brazo forestal de la familia Matte, CMPC, que participaron respectivamente con US$ 60 mil y US$ 30 mil dólares. Este pago tenía como contraprestación el que las empresas pondrían sus logos junto a los del gobierno, participarían en la estrategia comunicacional, podrían organizar en el pabellón eventos sobre planes y prácticas en biodiversidad y sustentabilidad, tenían vía libre a la zona azul -que es donde se definen las negociaciones-, y se les facilitaría un espacio para la organización de reuniones con autoridades y representantes de alto nivel en materias de su interés: una orquesta de lavado de imagen favorecida por el Estado chileno
Esto va en la misma línea del Plan de Acción Empresarial en Biodiversidad, lanzado en mayo de 2024, que contribuyó a la definición de las 35 metas país que se presentaron en Cali, cuyo Comité Estratégico convocado por el gobierno está integrado por representantes de las empresas AES Chile, ARAUCO, Antofagasta Minerals, Angloamerican Chile, Banco Santander, Bayer, CMPC, Colbún, Copec, Nestlé, Orizon, SQM y Syngenta; un reconocido grupo de empresas con largo historial de conflictividad socioambiental en Chile y/o en el mundo
Es decir, el gobierno entregó a quienes las comunidades sindican como los grandes devastadores de la vida y la biodiversidad, la responsabilidad de fijar los objetivos nacionales en estas materias y los mecanismos para lograrlos. Y al parecer, sus socios no tienen intenciones de un avance muy ejecutivo, porque no se cumplió con el compromiso de presentar un plan acción. Es un doble estándar que a nivel corporativo conviene, pero claramente no cuida ni la democracia, ni la biodiversidad.
Entonces, no es de extrañar que mientras la ministra de Medio Ambiente, la otra cartera a cargo de representar a nuestro país en el evento, promueve el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales, en Chile estemos en vilo frente al proyecto Dominga que, contra toda evidencia científica, insiste en arrasar con un sitio clave para esa biodiversidad; o que mientras se aprueba el artículo 8j sobre conservación de los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales, Julia Chuñil sigue desaparecida por más de un mes con probadas amenazas de muerte de un empresario local.
Desde la Cumbre de Río de 1992 se ha ilusionado al mundo con que los mecanismos de mercado podrían salvarnos de la crisis, pero ya se ha demostrado que son parte del problema y no de la solución; por lo tanto, tienden un manto de dudas sobre fórmulas del mismo paquete, como “soluciones basadas en la naturaleza”, gobiernos, energías y minerías verdes, valores compartidos, gobernanzas, y un amplio abanico de conceptos y adjetivos que tienen en común repartir “mejor” la torta de la devastación, pero no frenarla. En este sentido, hacer de la protección de la biodiversidad una marca, como ha dispuesto la institucionalidad actual, se constituye como parte del proceso de mercantilización de la Naturaleza que se ha sostenido desde hace décadas, como también desoye a los territorios que, en la urgencia, han demostrado que hay miles de vías diversas y descentralizadas para restaurar, reparar y conectar con la naturaleza que posibilita la vida.
El Pabellón de Chile COP 16 en Cali mostró que seguimos siendo la punta de lanza de las transnacionales extractivistas en la región y que es alarmante el nivel de incumbencia que tienen en nuestros gobiernos; así como también evidencia que somos los pueblos que habitamos los territorios los que deberemos articularnos para salvaguardar la vida, como lo demostró la colorida y masiva COP divergente.
