En los siguientes 45 días, México debe hacer los cambios necesarios para permitir la entrada de maíz genéticamente modificado, o transgénico, luego de que el panel de resolución de controversias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fallara en su contra.
Este veredicto, cuyo proceso duró año y medio, no solo tiene implicaciones económicas y comerciales, sino que también plantea interrogantes sobre la soberanía de México para dictar sus propias políticas en materia de seguridad alimentaria y medioambiente.
Recordemos que la disputa se remonta a cuando México, bajo el argumento de proteger la biodiversidad y la seguridad alimentaria, impuso restricciones a la importación del maíz trans. Estados Unidos, el mayor productor mundial y su principal socio comercial, respondió iniciando un proceso de resolución de controversias bajo el T-MEC, argumentando que estas medidas eran barreras injustificadas al comercio.
Así, el panel, integrado por expertos neutrales, concluyó que las medidas adoptadas por México no estaban basadas en evidencia científica suficiente y, por lo tanto, violaban los compromisos comerciales asumidos por el país bajo el T-MEC. Sin embargo, este fallo pone en entredicho la capacidad de México para implementar políticas que protejan su patrimonio biocultural y su derecho a decidir qué alimentos se producen y consumen dentro de sus fronteras.
¿Qué se espera hacia adelante? A pesar de que la reacción inicial de la Secretaría de Economía fue la aceptación del fallo, se prevé que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum explore todas las vías legales disponibles para revertir o mitigar los efectos de esta decisión, incluida la posibilidad de apelar o renegociar ciertos aspectos del T-MEC. Además, se espera que la sociedad civil, organizaciones ambientales y productores de maíz nativo aumenten la presión para que se protejan los intereses nacionales y se defienda el derecho a la soberanía alimentaria.
Recordemos que en 2025 inicia el camino hacia la primera revisión del T-MEC, programada para 2026 ya bajo el gobierno radical de Donald Trump, una revisión que va que vuela para renegociación, y en la que México cada vez pierde mayor fuerza sobre la mesa.
Sin embargo, en un contexto en el que se acusa sistemáticamente al Gobierno de México de no respetar a las instituciones, aceptar el fallo en el marco del T-MEC lanza un mensaje de certeza para los inversionistas extranjeros.
El caso de la Cooperativa Cruz Azul no deja de sacar chispas, el 13 de diciembre se libró una nueva orden de aprehensión en contra de Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirector jurídico de La Cruz Azul por el delito de administración fraudulenta. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Garcés intervino presuntamente en la comisión de este delito en calidad de “cómplice”. Lo cual sugiere que la Fiscalía irá en contra de otros presuntos responsables.
Con esto, el imputado de 82 años de edad suma tres órdenes de aprehensión. Una primera por el delito de delincuencia organizada que fue librada en julio de 2020, a partir de la cual Víctor Garcés se convirtió en un prófugo de la justicia. Una segunda que derivó en su detención en el mes de junio de 2022, la cual está relacionada con la fabricación de delitos en contra de socios cooperativistas. Y finalmente esta nueva orden por administración fraudulenta, con la cual el ex directivo debería ser presentado en el reclusorio sur de la CDMX.
