No hay buenas noticias para la República Islámica. Si la caída de uno de sus principales aliados, el régimen de Bachar al Asad, no puede sino considerarse un golpe para los intereses de Teherán, como lo han sido la sensible mengua militar de Hizbulá, su mayor fuerza proxy en Oriente Medio, el Estado iraní se está enfrentando en las últimas semanas a una grave crisis energética debida a la escasez de gas natural y diésel cuyas consecuencias están afectando a la vida cotidiana de decenas de millones de ciudadanos. Esta semana los cortes de suministro eléctrico provocados por el problema energético han obligado a las autoridades iraníes a cerrar oficinas de la administración, colegios, universidades, bancos y empresas en los principales centros urbanos, incluida la capital, Teherán. La mala gestión y las sanciones explican que el Estado sea incapaz de afrontar la alta demanda de combustible en los meses invernales. Uno de los mayores errores de la administración iraní ha sido su ineficaz política de subsidios que, al mantener los precios del gas natural extraordinariamente bajos, ha fomentado el despilfarro. Además, por la misma razón, las empresas prefieren exportar el hidrocarburo, mucho más lucrativo que el mercado doméstico.
Un nuevo golpe a la moral del régimen y los ciudadanos en un país que tiene a gala destinar importantes recursos financieros en su estrategia de expansión exterior -milicias como Hizbulá- y que, además, paradójicamente es uno de los mayores productores y exportadores de hidrocarburos del mundo. Irán cuenta con las segundas reservas probadas de gas del planeta y las cuartas de crudo. El pasado miércoles el ministro de Energía Abbas Aliabadi reconocía que hasta 13 centrales eléctricas habían dejado de funcionar debido a la falta de diésel. «Si hay suministro de combustible, no habrá problema para proporcionar electricidad, ya que las centrales han estado sometidas a reparaciones y están preparadas para el invierno», afirmó en comparecencia pública.
Por su parte, el portavoz de la Compañía Nacional del Gas, Hassan Mousavi, confirmaba esta semana que el sábado pasado fueron inyectados en la red un total de 850 millones de metros cúbicos de gas, de los cuales el 71% ha sido destinado a los hogares, pequeños negocios y el sector industrial. «El consumo de gas en los sectores residencial, comercial y de la pequeña industria ha aumentado un 17% en comparación con el mismo período el año pasado», afirmó el funcionario iraní. Desde el Estado se ha advertido de la bajada de la presión del gas en la red nacional. El problema se ha agravado además en medio de una ola de frío -y nevadas- que sacude gran parte del país. El lunes de esta semana, un total de 18 provincias, incluidas las de Teherán e Isfahán, Azerbaiyán Occidental y Oriental, Ardebil, Golestan o Razavi Jorasán, quedaron prácticamente paralizadas debido a la combinación de bajas temperaturas e interrupciones en el suministro eléctrico.
El mes pasado el presidente Masud Pezeshkián ya había advertido de que se producirían cortes de suministro eléctrico porque el Gobierno renunciaba a emplear combustible barato por el perjuicio para el medio ambiente en forma de contaminación del aire. Las promesas del nuevo mandatario no han debido de ser demasiado útiles en la práctica, pues el problema de contaminación es una persistente realidad en los cielos de Teherán y otras ciudades importantes. La situación ya ha empujado a una parte de los iraníes a salir a la calle a protestar contra sus autoridades por la mala gestión. Unas concentraciones que se unen a las registradas en las últimas semanas para exigir a las administraciones y empresas mejores salarios y condiciones laborales. A la vista de los cambios profundos que está viviendo la región, y de la inesperada y rápido desmoronamiento del régimen de Bachar al Asad, no pocos observadores creen posible que la actual combinación de crisis política, económica y social pueda acabar teniendo consecuencias para la arquitectura institucional de la República Islámica.
La economía iraní resiste como puede las continuadas sanciones occidentales. No en vano, el Gobierno estadounidense anunció este jueves un nuevo paquete de sanciones contra entidades y buques por transporte ilícito de petróleo iraní, así como contra individuos vinculados a los rebeldes hutíes de Yemen por contrabando de armas y blanqueo de capitales. «Mientras Irán dedique sus ingresos a financiar ataques contra aliados y socios de EEUU, apoyar el terrorismo en todo el mundo y perpetrar acciones desestabilizadoras, seguiremos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para hacer que el régimen rinda cuentas», aseveraba el jueves pasado el secretario de Estado, Antony Blinken.
En concreto, el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones contra cuatro entidades y tres buques por su papel en el comercio de petróleo y petroquímicos iraníes, que generan «miles de millones de dólares de ingresos» en beneficio de Teherán, según ha indicado la agencia en un comunicado. «Irán sigue dependiendo de su red de buques, empresas y facilitadores para financiar el desarrollo de su programa nuclear, la proliferación de sus sistemas de armas y el apoyo a sus socios», asevera el secretario adjunto interino para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith.
