José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo que deje sin efecto la investigación que arranca contra él por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. En su escrito remitido a la Sala Segunda, el exministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez asegura que no hay base suficiente para actuar contra él en el marco del caso Koldo y deja caer, entre otras cosas, que el piso de lujo que miembros de la trama pagaron a su entonces novia, Jessica, podría tratarse de una vivienda de empresa.
El recurso, interpuesto ante la Sala Segunda del alto tribunal y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, determina que de las declaraciones practicadas en estas diligencias queda patente que él ni se benefició ni disfrutó de la vivienda señorial que Koldo García costeó durante la pandemia para Jessica Rodríguez. Esta mujer apareció en la trama en condición de pareja de Ábalos, si bien las pesquisas evidenciaron que consiguió un cargo en INECO, empresa dependiente del Ministerio de Transportes que entonces controlaba el exdirigente valenciano.
"Ha quedado indicado ante esta excelentísima Sala en las tres declaraciones que se han celebrado que era un piso arrendado que abonaban los hermanos García Izaguirre y el Sr. Escolano, como consecuencia de que el arrendamiento se le adjudicaba como vivienda de empresa, toda vez que en dicha vivienda nunca estuvo domiciliada la señorita Jessica", reza el escrito.
Además, Ábalos reitera lo mantenido en su declaración ante el magistrado Leopoldo Puente el pasado 12 de diciembre, en cuanto a que no recibió mordidas de la trama y que no hay prueba alguna que lo sustente, más allá "de las palabras de un investigado y de un cooperador con la Administración de Justicia", razona. Por todo ello pide al instructor que anule esta causa, en el marco de la cual han comparecido él, el 'conseguidor' Aldama y el que fuera asesor suyo, Koldo García. Este último también negó el cobro de mordidas y expuso, en relación con la vivienda de lujo de Jessica, que él costeó los 2.700 euros mensuales de alquiler y que el piso lo querían emplear para reuniones, si bien la estancia de la joven se alargó con motivo de la pandemia.
En su escrito, Ábalos recuerda lo denunciado el pasado jueves ante la Fiscalía General del Estado, en relación con una presunta injerencia en sus derechos fundamentales de la Guardia Civil. En ese sentido su defensa interpuso una denuncia en la sede del Ministerio Público contra la Unidad Central Operativa (UCO) alegando que aprovechó que tenía intervenidos los teléfonos de Koldo y Joseba García para incautarse de una documental que el último de ellos le trasladó a Valencia relacionada con los contratos de pandemia.
Según expuso, los agentes le investigaron de manera encubierta sin tener potestad para ello puesto que, al tratarse de un aforado, se tiene que obtener primero el aval del Congreso de los Diputados. De hecho, el juez ha solicitado el suplicatorio esta pasada semana, por lo que todavía se está a la espera de la autorización para poder iniciar una investigación formal.
Los investigadores de la UCO, por su parte, no dan credibilidad a la versión de Ábalos. Además de los indicios que están reuniendo contra él con el avance de las pesquisas, los agentes están percibiendo contradicciones entre los oficios que constan en la causa judicial del caso Koldo y las declaraciones públicas del ex dirigente socialista.
Uno de los más significativos es el estado en el que fue encontrado el sobre interceptado a Joseba García, el hermano de Koldo, cuando fue requerido por los agentes del Grupo de Acción y Respuesta (GAR). Ábalos denunció que esta misiva iba cerrada y con su nombre. El informe asegura: "Al proceder al registro del vehículo, se observa encima del asiento del copiloto un sobre abierto de color blanco tamaño folio en cuyo interior se hallan tres documentos".
De igual forma también han comentado en 'petit comité' las últimas apariciones televisivas de Koldo García y de Víctor Aldama. Precisamente, de este último están analizando los dispositivos móviles que entregó, de forma voluntaria, para colaborar con las diligencias que se están practicando.
A pesar de las críticas, y las denuncias, del exministro, tanto la UCO como sus compañeros respaldan las diligencias que han ido practicando en los últimos años. La base de este apoyo a ultranza se basa en una máxima que se cumple con rigor en el sino del Cuerpo: "Todas las actuaciones se realizan con autorización judicial y en base al Estado de derecho".
El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil han evitado valorar las últimas palabras del que fuera ministro de Transportes. Con esta decisión no quieren echar leña al fuego. Simplemente afirman de forma escueta que el caso está judicializado. No obstante, no se abrirá, al menos por el momento, una investigación interna para revisar las actuaciones de estos efectivos.
Los mandos de los agentes de la UCO y del GAR, las dos unidades señaladas por Ábalos, han expresado el respaldo con el que cuentan sus subordinados, según aseguran fuentes del Instituto Armado a LA RAZÓN. "Vamos a seguir trabajando", afirman estas fuentes sobre los próximos informes que están a punto de salir a la luz sobre la trama de Koldo.
Una de las máximas que se ha hecho fuerte en el seno de la Guardia Civil es trabajar con "hermetismo" y sin presiones. "Poco nos importa", afirmaron estas mismas fuentes. En definitiva, el objetivo de estos agentes es llevar ante los jueces a los presuntos responsables de los delitos. Sea quien sea y cueste lo que cueste.
