Alberto González Amador intensifica su respuesta judicial contra Moncloa por haberle tildado de "delincuente confeso". Con la interposición de la demanda contra Pedro Sánchez, la pareja de Isabel Díaz Ayuso suma ya actuaciones en los tribunales contra seis miembros del Ejecutivo. El empresario ha actuado hasta el momento contra María Jesús Montero, Óscar López, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez y Diana Morant. A todos ellos les ha convocado en los últimos meses a actos de conciliación previos a la interposición de demandas por vulneración del derecho al honor o querellas por delitos de injurias y calumnias.
A esta larga lista se suma la que fuera ministra de Industria, Reyes Maroto; el exjefe de prensa del PSOE y actual secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín, y dos cargos de Mas Madrid: la concejal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre; la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Manuel Bergerot. La pareja de la mandataria madrileña inició hace unos meses una batalla legal contra lo que considera una cacería que busca difamarle en pleno proceso judicial contra él por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública.
El último en recibir una demanda del empresario ha sido el presidente del Gobierno. El Juzgado de Primera Instancia número 98 de Madrid le ha emplazado a comparecer el próximo 12 de febrero para un acto de conciliación previo a la interposición de querella. En el decreto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el juzgado avisa que, si no comparece, "se tendrá por intentada a todos los efectos legales". Así pues, si el presidente del Ejecutivo rechaza la conciliación propuesta, el empresario tiene vía abierta para llevarle ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de injurias y calumnias. Le pide una indemnización de 100.000 euros.
González Amador actúa contra Sánchez después de que le llamara el pasado mes de octubre "delincuente confeso". El líder del PSOE hizo estas manifestaciones en el marco de un acto en Bruselas en el que respaldó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien el Tribunal Supremo acababa de abrir causa por un delito de revelación de secretos por filtrarse en prensa los correos que el abogado de González Amador se intercambió con el fiscal que le investigaba. En dichas misivas, el letrado Carlos Neira reconoció la comisión de los delitos que se le imputan y propuso un pacto de conformidad.
Este material ha dado alas a Moncloa para atacar al empresario y, por ende, a la mandataria madrileña. Le tildan de delincuente, pese a que la causa sobre sus presuntas irregularidades sigue en instrucción y no hay sentencia firme. Por ese motivo, González Amador está dispuesto a llegar hasta el final y prueba de ello es que, tras el rechazo de la ministra Montero a llegar a un acuerdo con él, éste la demandó ante el alto tribunal, órgano competente por estar aforada. Hace apenas unos días, la Sala de lo Civil admitió a trámite su demanda por presunta vulneración del derecho al honor que lleva aparejada una reclamación de 40.000 euros.
Ahora se está a la espera de que la también vicepresidenta del Gobierno se persone y responda a las alegaciones. La demanda trae causa de unas declaraciones efectuadas en el Senado el pasado mes de marzo -antes de que se filtraran los correos sobre su investigación- en las que dijo que Isabel Díaz Ayuso podría estar viviendo en un piso "que se pagó con un fraude".
El alto tribunal rechazó en octubre dos querellas de dos asociaciones contra Montero por estas mismas palabras. En los autos se razonó que no había indicios de la comisión de delito de revelación de secretos o de infidelidad en la custodia de los documentos, pese a que los querellantes mantienen que pudo haberse privilegiado de su cargo como ministra de Hacienda para acceder a la información fiscal de González Amador. El alto tribunal cerró esa vía pero no se ha pronunciado así sobre una posible demanda en el orden civil, por vulneración del derecho al honor.
Ya en septiembre, el empresario demandó a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; al entonces jefe de prensa del PSOE, Ion Antolín; a Rita Maestre y a la ministra de Ciencias y Universidades, Diana Morant, por una presunta campaña de difamaciones. En dicha lista incluyó al PSOE como persona jurídica y le reclamó 30.000 euros. El empresario sostiene que tanto esta formación como Más Madrid se habrían personado en la causa que se sigue en su contra para filtrar información bajo secreto de la misma con el fin de perjudicar en el terreno político a Ayuso.
A estas demandas se han sumado en los últimos meses las interpuestas contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López, además de la portavoz de Mas Madrid en el Ayuntamiento. González Amador también ha llevado a Rita Maestre a los tribunales por un mensaje publicado en la red social X el 9 de agosto en el que se preguntó por qué ocultaba Ayuso "el nombre de su generoso mecenas". "¿Quién ha pagado el ático de Ayuso y su novio y a cambio de qué? ¿Es este un caso de testaferros, comisionistas y pago en especie por los contratos sanitarios adjudicados?", escribió.
La última en sumarse a la lista de demandados es la exministra de Industria, Reyes Maroto. En su caso, afronta una petición de 20.000 euros de multa por llamarle "defraudador confeso". Como hiciera con el resto de demandados, González Amador ha abierto la vía para poder querellarse contra ella si no accede a un acto de conciliación previo. En total, solicita más de 400.000 euros de indemnización a la larga lista de cargos del PSOE y de Más Madrid a los que ha demandado.
