Nada detiene a los sicarios que actúan bajo órdenes de bandas de extorsionadores y nada conmueve a las autoridades que guardan silencio ante la ola criminal que golpea a los transportistas y que ayer dejó una nueva víctima en Los Olivos, distrito declarado en emergencia.
Eduard Arrascue Solís, padre de familia de 47 años y principal sustento de su hogar, fue asesinado de un disparo dentro de su mototaxi, en el pasaje Noriega, en horas de la noche.
Su muerte se suma a una larga lista de homicidios que, hasta este mes, llega a 1.931, según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef).
Como ha sido una constante, Lima lidera las estadísticas con 794 homicidios, seguida por La Libertad (263), Callao (124) y Piura (111). La frecuencia de estos crímenes, particularmente contra conductores, ha generado una creciente sensación de inseguridad en este gremio y en la ciudadanía.
Rubén Vargas, exministro del Interior, criticó duramente la falta de una estrategia contra el crimen organizado. En una entrevista con La República, expresó que el Gobierno llega a esta parte del año sin una respuesta clara ante el aumento de homicidios y otros delitos violentos que sacuden al país.
“Con la evidencia de los hechos, el país está terminando el año con un Gobierno sin una estrategia clara contra el crimen organizado. El Gobierno ha fracasado frente al crimen”.
Por otro lado, manifestó que a los alcaldes de los distritos declarados en emergencia no les preocupa si sus ciudadanos están siendo extorsionados, debido a que lo único que les interesa es que el Gobierno les siga dando presupuesto. Vargas insiste en que “no se puede esperar nada del Gobierno porque han abandonado a los peruanos a su suerte”.
Cabe recordar que, durante una presentación en el Congreso, en octubre, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció la implementación de 14 medidas para reducir la criminalidad. Entre estas acciones prometió más operativos Amanecer Seguro, Retorno Seguro y Génesis.
También ofreció cámaras de seguridad en los vehículos de transporte público, paraderos y la ruta de estos, y la contratación de exdetectives para que se sumen a la lucha contra la criminalidad. Sin embargo, nada de esto ha sido cumplido.
