Laredo, Texas.- La promesa de deportar a 11 millones de personas de EU, enfrenta múltiples barreras que van más allá de su voluntad política expresada en diversos ámbitos. A pesar de sus declaraciones durante la campaña de implementar el “programa de deportación más grande en la historia de Estados Unidos”, expertos señalan que esta iniciativa no solo es extremadamente costosa, sino también operativamente complicada así como también legalmente limitada.
Según John Sandweg, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la primera barrera que enfrentará la promesa de Trump será la dotación de personal y la financiación del Congreso.
“Trump necesitará muchos más agentes de ICE”, comentó Sandweg a NewsNation, “y eso requerirá asignaciones significativas del Congreso”. Sin estos fondos, no será posible contratar al personal necesario para ejecutar una campaña de deportación masiva.
Además, la construcción de nuevos centros de detención, conocidos como “camas de detención”, sería indispensable para alojar a los arrestados. Aunque algunos estados han ofrecido terrenos para estos proyectos, la realidad es que construir instalaciones de este tipo puede tomar años, retrasando considerablemente los planes del presidente electo.
El sistema judicial de inmigración representa otro importante desafío. Actualmente, hay más de 3.7 millones de casos pendientes que precisan ser resueltos por tan solo 735 jueces de inmigración, lo que hace prácticamente imposible procesar masivamente a 11 millones de personas. La Corte Suprema ha reafirmado que los inmigrantes tienen derecho al debido proceso antes de ser deportados, algo que Trump deberá eludir para avanzar con su plan.
Durante su primer mandato, el expresidente intentó ampliar el alcance de la deportación acelerada, un proceso que actualmente se aplica a personas arrestadas cerca de la frontera en un corto plazo. Sin embargo, expandirlo a nivel nacional enfrentará obstáculos legales y logísticos, especialmente una gran cantidad de los indocumentados llevan más de una década en el país.
Según un estudio del Consejo Estadounidense de Inmigración, deportar un millón de personas al año costaría al menos $88 mil millones. Esto incluye la expansión de infraestructura, el aumento de personal y otros gastos asociados. Aunque los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso, el financiamiento requerido para una operación de tal magnitud sigue siendo incierto.
Adicionalmente, algunos países como Rusia, Venezuela y China han rechazado recibir a sus ciudadanos deportados. Esto complica aún más el proceso y podría forzar a la administración a negociar acuerdos con terceros países, como México a través de tarifas más bajas o migración legal más blanda para trabajadores, con el fin de que acepten a deportados de naciones que se niegan a cooperar.
El impacto de las deportaciones masivas no se limitaría a las personas migrantes sin documentos. Estudios estiman que la deportación de un miembro de la familia podría reducir los ingresos del hogar en un 62.7 por ciento, afectando a millones de familias de estatus mixto, es decir, aquellas con ciudadanos estadounidenses, residentes legales e indocumentados.
Además, la deportación masiva tendría consecuencias devastadoras para los niños estadounidenses cuyos padres extranjeros serían arrestados. Problemas de salud mental, ansiedad, depresión y dificultades económicas serían inevitables. Por otro lado, la economía estadounidense podría contraerse más de lo que se experimentó durante la Gran Recesión de 2007-2009, según expertos.
Aunque Trump insiste en que no existe una “etiqueta de precio” para su plan, la realidad es que los desafíos son enormes. Además, depender en gran medida de las autoridades locales para identificar y arrestar a indocumentados podría erosionar aún más la confianza en la policía, especialmente en comunidades inmigrantes.
Encuestas recientes sugieren que, aunque ha aumentado el apoyo a políticas de inmigración más estrictas, la mayoría de los votantes prefieren un camino hacia la ciudadanía para los indocumentados que una deportación masiva. Esto resalta la división en la opinión pública y subraya la necesidad de una política de inmigración razonable y justa.
En conclusión, aunque Trump promete mano dura contra los inmigrantes indocumentados, los obstáculos financieros, legales y sociales hacen que sus ambiciones de deportar a 11 millones de personas sean altamente improbables. La próxima administración deberá equilibrar estas promesas con la realidad de un sistema inmigratorio sobrecargado, comunidades vulnerables y las limitaciones de los recursos disponibles.
