El Instituto Casla denunció que al menos 18 ciudadanos extrajeron que han sido detenidos en Venezuela por funcionarios de organismos de seguridad del Estado son víctimas de desaparición forzada, pues a pesar de que tienen incluso meses bajo arresto, no existe absolutamente ninguna noticia oficial sobre su paradero.
La desaparición forzada es cualquier forma de privación de la libertad de una persona por parte de agentes del
Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, autorización o aquiescencia seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley.
A través de un comunicado, la organización recordó que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establecen que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad.
La lista del Instituto Casla de extrajeros detenidos en Venezuela, de los cuales hasta los momentos no se tiene ningún tipo de información, incluye a: Manuel Alejandro Tique Cháves (Colombia), Arlei Danilo Espitia Lara (Colombia), Jorge Marcelo Vargas (nacional de Bolivia y Estados Unidos), Said Awuada (Libanés), Jonathan Pagan González (Estados Undios), David Estrella (nacional de Estados Unidos y Ecuador), Aaron Barren Logan (Estados Unidos), Gregory David Weber (Estados Unidos), David Gutenberg Guillaume (Estados Unidos), y Wilbert Joseph Castañeda (Estados Unidos).
Continúa con Jan Darmovrzal (República Checa), Marianela Shung (Perú), Narden Paredes (Perú), Renzo Yasir Huamanchumo (Perú), José María Basoa (España), Andrés Martínez Adasme (España), Fabián Buglione (Uruguay) y Nahuel Gallo (Argentina).
En el caso del checo Jan Darmovrzal, fue aprehendido el 5 de septiembre en Amazonas cuando estaba realizando turismo por Venezuela. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, y el fiscal general, Tarek William Saab, lo acusaron de formar parte de un grupo de terroristas que entraron al país.
«Desde que se hizo pública la foto de presentación no se sabe nada de él, ni donde está detenido, en qué condiciones, tampoco le han permitido una visita consular, tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el régimen no ha respondido a las gestiones de la Cancillería checa, no permiten acceso a los abogados», alertó Tamara Suju, directora del Instituto Casla.
La organización adviritió que la lista puede ser más amplia, pero debido al hermetismo de las autoridades venezolanas no se tiene claridad en el número e identidad de los detenidos.
«El Estado Venezolano ha convertido este crimen internacional en una práctica generalizada y sistemática, contra civiles y militares nacionales y ciudadanos extranjeros, detenidos por Organismos de Seguridad y/o Inteligencia o contrainteligencia, para mantenerlos en cautiverio sin que se conozca el lugar de reclusión, su estado físico, con tácita prohibición de acceso a un abogado privado o acceso a la atención consular en caso de los extranjeros, sin que se conozca si la persona ha sido judicializada, e incluso, en varios casos, sin permitir que la defensa privada pueda introducir un “habeas corpus” por la persona desaparecida», indicó el Instituto Casla.
Suju denunció que si bien el gobierno de Nicolás Maduro ha practicado desde hace años la desaparición forzada de disidentes, anteriormente cuando finalmente presentaban a los detenidos a los tribunales sus familiares y abogados podían tener acceso a ellos.
«Una vez que pasaba el supuesto período de adaptación en los centros de reclusión, se permitía a las familias tener acceso a esa personas. Hoy en día, hay detenidos que tienen más de tres meses en condición de desaparecidos. Este tipo de situaciones es un nuevo patrón. Se sienten tan poderosamente criminales, tan impunes, que no les importa tener a las personas en esta situación a pesar de que hay denuncias por todas partes. Todo esto es un crimen de lesa humanidad», indicó la abogada defensora de los derechos humanos.
La organización hizo un «llamado a todos los gobiernos democráticos del mundo, a los organismos regionales y universales de protección de los derechos humanos a condenar esta práctica sistemática y crimen de lesa humanidad en Venezuela y exigir la protección del derecho a la vida e integridad física, a la libertad y a la seguridad de todas las personas que se encuentran en esta lamentable situación».
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