La preocupación en torno a la desaparición de Julia Chuñil -dirigenta mapuche de la Región de los Ríos y activista medioambiental- se ha transformado en una preocupación central para diversas organizaciones sociales.
Una de ellas es la Comisión Ética Contra la Tortura, entidad que se suma a las 23 que han estado prestando apoyo y esfuerzos para agilizar las diligencias en torno a su búsqueda. “El Presidente de la República, el 10 de diciembre y con motivo del Día de los Derechos Humanos, señaló que se había dispuesto la búsqueda con un par de drones y otros implementos aéreos, pero nosotros estimamos que no es suficiente”, afirmó la presidenta de la comisión, Juana Aguilera, en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile.
“Aquí hay un caso claro que nos hace temer por la vida de la señora Chuñil porque ella recibió graves amenazas, hay atisbos que a nosotros nos preocupan, de corrupción. Y creemos que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) tiene algo que decir”, sumó Aguilera.
Cabe recordar que, en el momento de su desaparición, la dirigenta -presidenta de la comunidad Putraguel- se había desplazado al predio bautizado como “Reserva Cora Número Uno-A” para buscar a unos animales que se encontraban extraviados. Emprendió rumbo acompañada de un hacha que utilizaba para trabajar, y desde entonces que se le perdió el rastro.
Sin embargo, uno de los puntos más complejos acerca de su caso son las diversas amenazas registradas no solo en el marco de los traspasos de tierras, sino también en torno a su rol en la defensa de los bosques nativos de la zona, contra su persona.
De hecho, Aguilera aclaró que esta situación fue denunciada por la misma Chuñil: “Ella hizo todo de manera legal. Planteó estos hostigamientos de los que estaba siendo objeto, lo señaló incluso a su familia. Estaban todos enterados. Ella les dijo ‘si algo me pasa, ya saben quién fue’. Y aquí, para nosotros, hay que necesariamente recordar que Chile firmó la convención contra la desaparición forzada de personas”.
“Toda la secuencia de delitos que puede tener la desaparición forzada priva a esta persona de la protección de su condición de persona humana y digna. Y frente a eso, el Estado, nosotros creemos y estimamos que no ha hecho lo suficiente. Porque, además, la familia está siendo sometida a un proceso infernal, como les ha pasado a todos los familiares de detenidos desaparecidos que conocimos por el terrorismo de Estado. Ellos también viven una tortura que es permanente”, agregó la presidenta de la comisión.
En esa misma línea, profundizó en sus críticas hacia la Conadi. “Creemos que tienen algo que decir. La Conadi es un servicio público que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y, por lo tanto, pertenece al Estado de Chile. Y algo tiene que decir sobre lo que ha ocurrido con la señora Julia, sobre todo porque a nosotros nos parecen poco claras las transacciones que se han llevado a cabo allí con el gran terrateniente, propietario de terrenos en la zona, desde donde venían las amenazas para Julia”, aseguró, apuntando a uno de los empresarios que esbozaron amedrentamientos contra la dirigenta.
