El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso presentado por una ciudadana para que el expresidente Martín Vizcarra pueda asumir su cargo como congresista tras ser electo en 2021. La decisión se basa en su inhabilitación por el Congreso, que le impide ejercer cargos públicos por 10 años.
La resolución del TC se produce en un contexto de controversia legal, donde Vizcarra argumentó que su derecho constitucional a elegir había sido vulnerado. Sin embargo, el tribunal determinó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) actuó correctamente al no otorgarle las credenciales necesarias para asumir su cargo.
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La inhabilitación de Vizcarra, que se remonta a abril de 2021, se fundamenta en una infracción a la Constitución peruana. Esta decisión ha generado un debate sobre la validez de las sanciones impuestas por el Congreso.
El expresidente Martín Vizcarra fue inhabilitado por el Congreso debido a su presunta vacunación irregular contra la COVID-19 en octubre de 2020. Esta sanción fue ratificada por el Poder Judicial el 1 de septiembre, lo que llevó a Vizcarra a presentar un recurso de agravio constitucional ante el TC, buscando revertir su inhabilitación.
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Además, Vizcarra ha enfrentado otras acusaciones, incluyendo una inhabilitación adicional de cinco años impuesta en 2022 por supuestos vínculos con empresas del sector durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones. Estas situaciones han complicado su retorno a la política activa.
Tras la decisión del TC, Vizcarra ha manifestado su confianza en que las inhabilitaciones serán levantadas, argumentando que se trata de una cuestión de justicia. A pesar de los obstáculos legales, el exmandatario ha expresado su intención de postularse en las elecciones generales de 2026.
El panorama político en Perú se mantiene tenso, con Vizcarra enfrentando un juicio oral por presunta corrupción durante su tiempo como gobernador de Moquegua. La Fiscalía ha solicitado una condena de 15 años de prisión, lo que añade un nivel de incertidumbre a su futuro político.
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José Manuel Hernández, exministro de Agricultura, colaborador eficaz y amigo de Martín Vizcarra, confirmó que el expresidente, durante su tiempo como gobernador de Moquegua, recibió S/1.300.000 de la empresa ICCGSA para garantizar la adjudicación de la construcción del Hospital de Moquegua en 2013. Este supuesto acto ilegal habría sido pactado directamente con Rafael Granados, el gerente comercial de la constructora.
"En esa conversación el señor Vizcarra lo primero que me pregunta es si los conozco y sin son serios y que si había algo adicional. Entonces cuando le pregunto que quería decir con eso me dice algo con algún premio porque ellos se comen la torta solos. La conversación devino que si había algo para él, entonces, le digo que hable directamente con Rafael Granados, que lo tenía al costado y me dijo que no. Entonces le comienzo a preguntar de qué estamos hablando y me habló de un monto de S/1 millón 300 mil", inició.
